La decisión del Parlamento Europeo de admitir la queja del colectivo que reúne a los trabajadores del hotel Oliva Beach y de solicitar la apertura de una investigación por el enorme retraso del Ministerio de Transición Ecológica en la concesión de la licencia para la rehabilitación y modernización del complejo hotelero, ha sido celebrada no sólo por la cadena RIU, propietaria del establecimiento, sino también por la plantilla de trabajadores y sus familiares.
Águeda Borges, responsable de servicios jurídicos de RIU Canarias, expresó ayer esa satisfacción. «Desde la empresa celebramos la decisión de la Comisión Europea de investigar el retraso importante, que ya va para cuatro años, en la tramitación de la autorización de obra solicitada para la reforma y modernización del complejo del hotel Oliva Beach». Además, añadió que «la iniciativa de los trabajadores» es algo que la empresa aplaude, apoya y agradece. Los empleados «siguen en su lucha por tener un establecimiento que garantice en el futuro el mantenimiento de los puestos de trabajo en una situación de mayor comodidad y de mayor facilidad para el desarrollo de sus tareas».
Por su parte, Adrián Fernández, presidente de la Asociación Salvar el Oliva Beach no pudo disimular su satisfacción tras recibir la comunicación de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, que requiere una investigación sobre las licencias de remodelación. «El Estado ha bloqueado intencionadamente la concesión de las autorizaciones. Por ello, decidimos acudir a la Unión Europea en busca de justicia. No podemos permanecer con los brazos cruzados mientras está en juego nuestro trabajo», declaró.
