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Antigua

La Justicia investiga la gestión de la depuradora por vertidos residuales

La jueza cita a declarar a exalcaldes, edil de Medio Ambiente y empresa gestora | Se les acusa de un presunto delito relacionado con el medio ambiente

Imagen de archivo de las aguas residuales vertidas por la depuradora de Antigua. | | LP/DLP

La Justicia investiga un presunto delito contra el medio ambiente por la gestión de la depuradora del pueblo de Antigua. Por este motivo están investigados varios exalcaldes y concejales de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Antigua, entre ellos, el actual responsable de la política medioambiental municipal, Jonathan Peña Cabrera, el único cargo público con responsabilidades en el actual grupo de gobierno del Consistorio de Antigua.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario ha abierto diligencias previas tras la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por un presunto delito contra el medio ambiente por la gestión en la depuración de aguas residuales en el pueblo de Antigua. La jueza ha llamado a declarar en calidad de investigado, antigua figura de imputado, no solo al representantes legales del Consistorio, sino a los exalcaldes Juan José Cazorla y Gustavo Berriel, actual edil en la oposición, y al actual concejal de Medio Ambiente, Jonathan Peña Cabrera. También deberán comparecen en sede judicial como intervinientes miembros del Cabildo de Fuerteventura, así como el veterinario municipal y varios empresarios vinculados al transporte de aguas fecales desde la polémica depuradora hasta la zona turística de El Castillo y representantes de la empresa que gestionaba la instalación del centro de la gestión terciaria del agua.

El único investigado del actual gobierno municipal es el edil de Medio Ambiente, Jonathan Peña

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La jueza advierte a cada uno de los investigados e intervinientes que de no comparecer sin causa justificada a la citación en el Juzgado «se podrá acordar su detención y presentación ante este Juzgado». También, les comunica que deberán comparecer acompañados de un abogado de su elección y si no les será asignado un letrado de oficio.

La Fiscalía de Medio Ambiente, a cuyo frente se encuentra Clara Serrano, decidió abrir las diligencias de investigación número 100/2019 con motivo de la denuncia de los agentes del Seprona de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Antigua, donde los agentes detectaron, según consta en el informe policial, vertidos de aguas residuales por el cauce del barranco afectando al acuífero público. Los agentes documentaron su investigación no solo gráficamente sino con resultados de analíticas de las muestras de las aguas que discurrían cauce abajo procedentes de la depuradora.

Aguas fecales vertidas

Además, del análisis de las aguas vertidas se desprende que «tienen un origen fecal superior a los parámetros legales».

También en el documento se asevera que el agua fecal discurre por el cauce del barranco en cuyas proximidades se encuentran gavias con cultivos destinados a la alimentación humana. Por ello, se podría sumar al presunto delito de medio ambiente otro contra la salud pública.

Las aguas fecales eran vertidas por el cauce del barranco, junto a fincas de cultivos

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El origen de la denuncia se remonta al 18 de septiembre de 2019 cuando los agentes del Seprona tienen conocimiento de los continuos vertidos de aguas fecales por el cauce del barranco procedentes de la depuradora de Antigua. Personados en el lugar pudieron comprobar como en el citado cauce y en gavias cercanas existía un importante caudal de agua residual por lo que procedieron inicialmente a documentar el presunto delito de forma gráfica y, posteriormente, a través de los resultados de las analíticas que confirmaron el origen fecal de las aguas con parámetros que superaban lo estipulado por la legislación vigente. Con esta documentación, los agentes del instituto armado procedieron a presentar la denuncia por un presunto delito de medio ambiente ante la Fiscalía. Ésta, tras abrir diligencias previas y culminar la instrucción correspondiente determina la posible existencia de un delito por lo que decide remitir la instrucción al Juzgado de Instrucción.

Tras la polémica, el Ayuntamiento contrató una empresa para trasladar el agua fecal hasta la depuradora de El Castillo.

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