La Guardia Civil desmantela una red de estafadores que se han dedicado a ofertar falsas villas vacacionales en Fuerteventura este verano si tener la gestión o la propiedad. Hasta el momento se han presentado 60 denuncias, aunque no se descartan más afectados. El timo alcanza ya los 70.000 euros, y están implicadas ocho personas, aunque las investigadas son las cabecillas, que son dos mujeres de 42 y 63 años de edad, tal y como había avanzado el citado Cuerpo a mediados de agosto.

La investigación comenzó a finales de julio, cuando la Guardia Civil comenzó a recibir denuncias de personas que reservaban villas de alquiler vacacional, en una agencia que se dedicada a la venta de paquetes vacacionales a través de una página web y perfiles en redes sociales.

La supuesta agencia, que en muchos de los casos no disponía de la concesión de derechos de explotación de los inmuebles, rescataba fotografías de villas en los principales operadores turísticos de internet, y las ofertaba como si fueran suyas, según la Guardia Civil.

Una vez que los clientes efectuaban las reservas y llegaban al inmueble, se encontraban con que las villas ya estaban ocupadas por huéspedes que las habían alquilado a través de operadores turísticos que sí tenían concedida la gestión de las viviendas. 

En otros casos, las condiciones de reservas eran modificadas horas antes de la entrada a las villas, y los estafadores les ofrecían alternativas que iban desde reubicación en complejos de menor entidad que no se ajustaban a lo publicitado, hasta dejar directamente sin alojamiento a los afectados.

Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario.

En una nota divulgada por la Guardia Civil el 24 de agosto cuando ya avanzaba en la investigación, se apuntaba que una de las detenidas era la madre de la cabecilla, quien realizaría funciones de colaboración como titular de las cuentas bancarias y nombre visible de la empresa. Del mismo modo, se averiguó la participación de varias personas que realizaban funciones de intermediarios, por el que se llevaban una comisión.

Estos hechos «han provocado gran alarma social en la isla de Fuerteventura, especialmente en el sector del turismo, pues la difusión de los casos a través de las redes sociales generaron la desconfianza en usuarios de este tipo de turismo, viéndose gravemente afectadas empresas que sí realizan la gestión de villas de manera lícita, pues el temor generado en los turistas ha derivado en avalancha de solicitud de cancelaciones en otras agencias», apuntaban los funcionarios.

Una vez realizadas las pesquisas, el operativo se centró en la identificación de los presuntos responsables, detectándose que se trataba de un grupo estructurado, en el que la cabecilla contaba con numerosos antecedentes por hechos de la misma naturaleza, y que había sido detenida en seis ocasiones anteriores.