El futuro de los dos hoteles de la cadena RIU en Corralejo, los complejos Oliva Beach y Tres Islas, se encuentran rodeado de una enorme incertidumbre al igual que los puestos de trabajo de casi 700 personas. El Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado los trámites para anular la concesión del dominio público terrestre otorgada en 2007. Los trabajadores del Tres Islas se concentraron ayer a las puertas del establecimiento rechazando la decisión ministerial y apostando por el mantenimiento de sus puestos de trabajo.
«El hotel no se tira...» Este fue uno de los cánticos más repetidos por el personal del hotel Tres Islas, con una plantilla de 300 trabajadores, que ayer se concentraron en señal de rechazo a la iniciativa del Estado de iniciar el expediente administrativo para declarar la caducidad de la concesión otorgada hace 14 años para ocupar el suelo donde se ubica el establecimiento. La autorización debería caducar en el año 2037.
El Ministerio justifica su decisión en un exceso de volumen realizado en el inmueble cuando estaba prohibido el aumento de edificabilidad ni el volumen de obra. Por ello, procedió a sancionar a la cadena hotelera con la cantidad de 10.885 euros, que fue satisfecha en su día por la empresa.
Los trabajadores estuvieron arropados por sus compañeros del hotel Oliva Beach, que también sufren sus mismas consecuencias y temen por la pérdida de sus puestos de trabajo.
Ángel Montañez, portavoz del personal del Tres Islas, calificó la decisión del Estado «de desproporcionada porque la empresa pagó la sanción y no entendemos cómo se aplica una decisión tan drática». Además, señaló el temor de la plantilla sobre el futuro laboral y aseguró que Costas «tiene una gran inquina y fijación por el litoral de La Oliva».
Olegario Umpiérrez, presidente del comité de empresa del Oliva Beach, señaló que «esto es un acoso al municipio de La Oliva y va a suponer un estallido social». También arremetió contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y lo responsabilizó de la situación que viven la plantilla de ambos hoteles.
«Somos de una isla periférica. Si esto hubiera pasado en Tenerife o Gran Canaria sí que ya se hubiera arreglado».
Por otra parte, el eurodiputado popular Gabriel Mato se reunió hace escasos días con la Plataforma Salvar el Oliva Beach y el comité de empresa del citado hotel, junto a varios cargos del PP insular, para estudiar estrategias a seguir después de que la Unión Europea aceptara elevar a la Comisión de Peticiones la situación del hotel en relación a la posible vulneración del derecho a la buena administración, la salud y seguridad en el trabajo.
