El secretario general nacional de CC-PNC y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, anunció que defenderá en la Cámara Alta una iniciativa que garantice la continuidad del Hotel Tres Islas, en Corralejo, siempre en el marco de la ley, protegiendo así los puestos de trabajo de los 300 trabajadores del establecimiento inaugurado en 1975 y sobre el que pesa un expediente de caducidad de la concesión.
El Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado los trámites para anular la concesión del dominio público terrestre otorgada en 2007 por un periodo de treinta año a la cadena hotelera RIU. El Ministerio justifica su decisión en un exceso de volumen realizado en el hotel cuando estaba prohibido el aumento de edificabilidad ni el volumen de obra. Por ello, procedió a sancionar a la cadena hotelera con la cantidad de 10.885 euros, que fue satisfecha en su día por la empresa.
El senador nacionalista se comprometió con responsables de la plataforma de trabajadores del establecimiento hotelero, con los que mantuvo un encuentro en la Isla al que también asistió el secretario insular de CC y diputado, Mario Cabrera, y la diputada nacionalista y secretaria insular de Organización, Jana González, a impulsar iniciativas dirigidas a garantizar la renovación de la concesión que evitaría su demolición, apelando «no solo a la emblemática historia del edificio, ideado por Miguel Fisac, Premio Nacional de Arquitectura, sino al momento social y económico que atraviesa la Isla derivada de la crisis sanitaria».
La plantilla confirma que se personará en el expediente para salvar sus 300 puestos de trabajo
Además, apuntó «a la necesidad de que el Estado se replantee el inicio del expediente de caducidad y se siente con la cadena y con los propios trabajadores para intentar alcanzar un acuerdo que evite que 300 familias se queden en la calle».
El representante de la Plataforma Salvar el Tres Islas, Ángel Montañez, trasladó al senador la situación del complejo y las negociaciones de la cadena hotelera y el propio Ministerio, así como, la multa que abonó la compañía en 2020 tras hacer unas mejoras que quedaban al margen de las obras de rehabilitación y mantenimiento para las que tenían licencia, según los propios trabajadores. Estos trasladaron al senador su intención de personarse en el expediente con el objetivo no de defender a la compañía, sino a sus propios intereses y los 300 puestos de trabajo que compone en la actualidad la plantilla de personal del citado hotel.
