El Ministerio para la Transición Ecológica ha archivado la revisión de oficio que había abierto en su día sobre la concesión administrativa al hotel Oliva Beach. Así se puso de manifiesto ayer durante el encuentro mantenido entre el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret y la responsable de los servicios jurídicos de la cadena RIU, Águeda Borges. En el encuentro participaron también los consejeros Claudio Gutiérrez y David de Vera.
Este polémico caso que puso en jaque a 400 trabajadores y a sus familias saltó a la luz pública cuando el secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico firmó, el 25 de septiembre de 2020, una resolución por la que se acordó iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la concesión. Con ello, se pretendía declarar la nulidad de la orden ministerial de 8 de julio de 2003, mediante la que se otorga a Geafond Número 1 Lanzarote SA, la concesión administrativa relativa a los terrenos de dominio público marítimo terrestre en los que se ubica el citado establecimiento hotelero.
Tras este anuncio del Estado, los trabajadores y sus familias han mantenido un pulso y una constante lucha contra para mantener sus puestos de trabajo y evitar el impacto en la economía del municipio de La Oliva que ocasionaría el cierre del hotel.
Águeda Borgues: «No vamos a aguantar más este abuso que dura ya más de veinte años»
El presidente insular calificó este avance como todo un éxito de la lucha coordinada entre las administraciones locales, sindicatos y trabajadores. Según Lloret, «una vez logrado el archivo de la revisión de la concesión, el Cabildo debe exigir al Gobierno de Canarias que asuma de una vez la competencia en materia de Costas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, para dar viabilidad administrativa a la reforma del hotel, dentro del marco vigente».
«Nos encontramos en un momento crítico para Fuerteventura», resaltó ayer Lloret, subrayando el hecho de que se trata de una de las islas más castigadas por la crisis actual. «Debemos reactivar la economía, proteger el turismo y garantizar el empleo de todas estas familias», puntualizó el presidente majorero. Además, trasladó la «total disposición» del Cabildo a cooperar en todos los trámites administrativos que dependan de la institución insular.
Por su parte, la responsable de los servicios jurídicos de RIU, Águeda Borges, destacó que la situación que atraviesan los hoteles ahora «no es la misma que hace una década». «Las concesiones deben ser respetadas y contamos con el amparo de la Ley de Costas y el Estatuto de Autonomía y no vamos a aguantar más este abuso que ha durado ya más de veinte años», puntualizó.
El Cabildo de Fuerteventura pretende impulsar del mismo modo el desbloqueo de la situación del Hotel Tres Islas, que sufre las mismas consecuencias.
