Un hombre se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por un presunto delito de abuso sexual a una menor. La Fiscalía pide imponer al acusado, al margen de los años de cárcel, la prohibición de residir en el mismo municipio donde resida la víctima.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, bajo la presidencia de Miguel Ángel Parramón i Bregolat, celebrará el próximo viernes día 14 de enero, una vista oral en Puerto del Rosario, donde se juzga a un hombre acusado de un delito de abusos sexuales. Junto al acusado deberán comparecer en el juicio cuatro testigos. Los padres de la menor reclaman por los daños morales causados a su hija.
Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2020, cuando el acusado, mayor de edad, ya que nació el 15 de septiembre de 1978, se encontraba en el interior de la piscina de una vivienda-chalet situada en el barrio de La Asomada, en el municipio de Puerto del Rosario, propiedad de unos amigos suyos. En el interior de la piscina se bañaban también varios niños, entre ellos la víctima.
Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado «guiado del ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, empezó a jugar con la víctima, empujándola con sus piernas, momento en que aprovechó para cogerla y abrazarla, al tiempo que le acarició los genitales por encima de la braga del bikini que llevaba puesta».
Además, relata la Fiscalía, la menor de edad le apartó la mano, momento en el que el acusado «le cogió la mano y la colocó encima de sus genitales, por encima de su bañador, consiguiendo acto seguido la víctima liberar su mano y salir de inmediato de la piscina».
A juicio de la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales a una menor de edad y que el acusado es autor por su participación directa en los hechos.
Por ello, el representante del Ministerio Fiscal solicita que se imponga al acusado la pena de cuatro años de prisión, la medida de libertad vigilada por siete años consistentes en la prohibición de residir en el mismo municipio donde resida la víctima, así como en la necesidad de participar en programa de educación sexual, la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o cualquier otro lugar a una distancia inferior a 500 metros por un tiempo de ocho años y la prohibición a comunicarse con la joven por cualquier medio de comunicación, informático o telemático ni establecer cualquier tipo de contacto escrito, verbal o visual con ella durante 8 años. Además, el acusado deberá indemnizar a la menor con 5.000 euros por los daños morales sufridos por esta.
El fiscal también ha solicitado que se adopten para la celebración del juicio las medidas necesarias para evitar la confrontación visual de la menor con el acusado.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial también juzgará en la Isla a dos mujeres, una por un delito contra la salud pública y la otra por apropiación indebida.
