El PSOE majorero ha exigido al actual grupo de gobierno del Cabildo, formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y AMF, que explique las razones que justifican la contratación de la redacción y tramitación del Plan Insular de Ordenación del Territorio y de los Recursos Naturales de Fuerteventura (PIOT) con una factura de más de tres millones de euros de dinero público cuando el documento «ya está prácticamente culminado a falta solo de una adaptación a la Ley del Suelo, trámite que pueden realizarse con recursos propios y que en principio no debería implicar un gasto tan importante de dinero público».
El Consejo del Gobierno del Cabildo de Fuerteventura aprobó el 30 de diciembre encargar la redacción y tramitación de los documentos de planeamiento territorial a la empresa pública Gestión por un valor de 3.137.765,87 euros. Este paquete de planeamiento contempla 14 instrumentos de regulación de todo el territorio majorero, entre ellos el Plan Insular y de los Recursos Naturales de Fuerteventura. Entonces, fuentes cabildicias señalaron que Fuerteventura contará con un Plan Insular en 2025 y que los trabajos se iniciarán en este año en curso.
Los socialistas critican el encargo del planeamiento insular a la citada empresa externa «dejando al margen a los servicios técnicos de la corporación insular y poniendo en evidencia, una vez más, la incapacidad política de este grupo de gobierno para resolver los asuntos que son de su competencia». Además, el PSOE se pregunta qué «ha estado haciendo el actual presidente insular y también responsable del Planeamiento y la Ordenación del Territorio durante los últimos dos años si al final tiene que encargar su trabajo fuera de la corporación».
Un dictamen del profesor Villar desvela que no es necesaria una nueva redacción del PIOT
En junio del año 2020 el pleno del Cabildo Insular tomó en consideración un dictamen sobre la situación jurídico-administrativa en la que se encontraba el Plan Insular y las medidas necesarias para su aprobación definitiva, emitido por el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna coordinado por Francisco José Villar Rojas, uno de los redactores principales de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Conforme a este informe el Pleno de la corporación acordó la continuidad del procedimiento y para ello bastaba con retrotraerse a la fase de aprobación inicial, adaptando el documento a la Ley del Suelo y posteriormente con la apertura del trámite de información pública y de consulta a las administraciones afectadas. Pero «en ningún caso iniciar una nueva redacción ni mucho menos destinar una cantidad ingente de dinero público para su aprobación definitiva», critican desde el PSOE.
Incapacidad e inacción
Desde aquella fecha, según el grupo socialista, «el anterior consejero de Ordenación y ahora también presidente gracias al apoyo de CC y el PP, Sergio Lloret, no ha dado ni un solo paso adelante, y como solución a su incapacidad e inacción contrata a otros para que culminen el trabajo, con una factura con cargo al presupuesto insular que supera los tres millones de euros, cifra que se suma a los dos millones ya gastados por el Gobierno presidido en su día por el nacionalista Mario Cabrera, que también contrató precisamente al mismo organismo y para el mismo cometido y todo para realizar un trabajo que el Cabildo ha podido realizar con medios propios».
Los socialistas advierten al gobierno insular que el próximo semestre se vencen plazos de validez de algunos de los documentos y trámites relacionados con el planeamiento insular y que «si no se cumple en tiempo y forma con algunos hitos de la hoja de ruta podría perderse gran parte del trabajo realizado y la oportunidad histórica de contar con un PIOT que ordene de una vez nuestra Isla».
El Plan Insular es una de las asignaturas pendientes del Cabildo majorero, ya que legislatura tras legislatura no logran aprobarlo de manera definitiva y es una demanda de la sociedad insular.
