El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, y la trabajadora municipal Isabel C. M. se enfrentan a una pena de seis meses y un año de cárcel, respectivamente, por un presunto delito electoral vinculado un fraude con el voto por correo. Además, reclama para la funcionaria la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas del juicio.
La noticia, adelantada por el Diario de Fuerteventura, recoge que el fiscal Tomás Fernández de Páiz solicita la apertura de juicio oral y las mencionadas penas de prisión tras detectar durante la fase de investigación una aparente y reiterada irregularidad en la tramitación del voto por correo durante las pasadas elecciones de mayo de 2019, donde Cerdeña concurrió como cabeza de lista por el partido Unidos por Betancuria (UPB) logrando alcanzar la mayoría absoluta con cinco de los siete concejales en disputa.
Además, el fiscal quedó sorprendido con la tasa inusual del 20 por ciento de los votos emitidos por correo en un municipio de unos 700 habitantes.
Coalición Canaria (CC) presentó una denuncia ante la Junta Electoral al considerar que podría haberse producido un delito electoral tras haber detectado los nacionalistas que se tramitaba el voto por correo a vecinos mayores de edad, enfermos y drogodependientes, indicando como dirección postal la sede del partido de Cerdeña. Una vez remitida la documentación a la sede política, este sería formalizado sin que los vecinos tuvieran conciencia del destino de su voto. A juicio del fiscal, la funcionaria municipal «rellenó totalmente o, al menos, participó decisivamente en el relleno de las solicitudes del voto por correo de un buen número de votantes, consignando incluso en todas ellas como dirección de recepción la sede del partido UPB». Además, « se habría apoderado de sobres de la documentación electoral de esos votantes, de tal forma que la emisión efectiva del voto y de la opción política elegida de cada uno de ellos quedó definitivamente en sus manos».
En cuanto a Marcelino Cerdeña, el representante de la Fiscalía le imputa la misma conducta que la trabajadora respecto a un votante «a pesar de que la solicitud del voto por correo ha de formularse personalmente».
Algunos electores declararon ante el fiscal De Páiz que no eran conscientes de haber solicitado el voto por correo e incluso que no rellenaron personalmente la solicitud del voto por este medio.
Ya en el informe de la Fiscalía detallaba que se pudo comprobar directamente que varios de los vecinos cuyo voto apareció por correo «sufren algún tipo de enfermedad mental que le impide comprender lo que se le pregunta o tienen algún tipo de minusvalía física que nos les permite escribir, o no saben leer ni escribir o son drogodependientes». Además, algunos de los vecinos que fueron llamados a comparecer ante el fiscal reconocieron que se les habían ofrecido promesas de trabajo o prebendas por el Ayuntamiento, según el Ministerio Fiscal y según recoge el Diario de Fuerteventura.
Marcelino Cerdeña presentó una querella a principios de marzo de 2020 contra el fiscal Tomás Fernández y los representantes de Coalición Canaria (CC) en Betancuria: José Antonio Nieves, Manuel Méndez, Juan Umpiérrez y Enrique Pérez, por injurias y calumnias tras haber denunciado los nacionalistas presuntas irregularidades durante los comicios electorales. Dicha querella fue archivada, mientras que ahora se pide la apertura de juicio oral por el delito electoral que denunciaron.
