La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario la medida cautelar de suspender la obra que viene ejecutando la empresa Disa en las calles República de México e Hispanidad, en pleno corazón de la capital majorera, zona donde se encuentran ubicadas las barriadas de las 90 y 91 Viviendas y donde habitan más de 400 familias.
La decisión se encuentra ahora en manos del juez titular del citado Juzgado, Jaime Climent Domínguez, quien deberá decidir durante la jornada de hoy.
El fiscal avala su decisión hasta que la empresa de combustible no aporte la documentación necesaria de que la obra de canalización cuente con todo el respaldo legal y, además con el estudio pertinente de que no existe ningún riesgo para las viviendas de las citadas barriadas, algunas de las cuales se encuentra en un estado de deterioro en sus estructuras que podrían verse afectadas por las obras de la canalización.
La empresa petrolífera Disa comenzó hace escasos días al vallado del perímetro por donde discurrirán la red de tuberías para el transporte de hidrocarburos en el tramo comprendido entre las calles República de México e Hispanidad, porque el resto del recorrido de la red de transporte ya lo tiene totalmente cubierto. Un grupo de operarios de la empresa Syocsa-Inarsa continuaban, ayer, con los trabajos de vallado y de protección de la zona por donde debe discurrir el trazado de las tuberías.
Este hecho provocó que a finales del pasado mes de febrero los vecinos de las barriadas de las 90 y 91 Viviendas, apoyados por sus respectivas asociaciones vecinales, solicitaron a la Fiscalía amparo ante las obras de canalización de las tuberías de hidrocarburo que la empresa DISA pretende ejecutar cerca de sus viviendas. Estos trabajos incluyen el soterramiento de la red de transporte de combustibles y gas desde el muelle comercial de Puerto del Rosario hasta el polígono industrial de La Hondura. Por ello, la citada empresa debe proceder a taladrar y excavar el suelo con maquinaria para realizar las correspondientes zanjas por cuyo interior transcurre el enjambre de tuberías.
Los vecinos pusieron en conocimiento del fiscal que estas obras por delante de sus propias casas «suponen un peligro por los problemas estructurales que padecen sus viviendas, algo que avalan los informes técnicos municipales».
Los representantes vecinales justifican su auxilio judicial » ante lo que estimamos es un ataque a los derechos fundamentales de los vecinos con el agravante de ser vulnerados por quienes deben defender su integridad y seguridad siendo una posible desviación y abuso de poder».
