Las obras de canalización de tuberías de hidrocarburos que venía realizando la empresa Disa en las calles República de México e Hispanidad, en Puerto del Rosario, fueron paralizadas ayer de forma cautelar por un auto del juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, con competencias también en materia de violencia sobre la mujer, Jaime Climent Domínguez. La decisión judicial se adopta tras la petición de amparo solicitada a la Fiscalía por los vecinos de las barriadas de las 90 y 91 Viviendas, donde habitan más de 400 personas, que habían denunciado el riesgo que suponían las obras para las débiles estructuras de sus viviendas.
A media mañana se personó en la zona de las obras la comisión judicial encabezada por la secretaria del Juzgado de Instrucción número 7, en sustitución de su compañera del número 1, que estuvo acompañada por miembros de la Policía Local de Puerto del Rosario, para notificar el auto de paralización de las obras que se venían realizando, entre ellas, el corte del asfalto para proceder posteriormente a la excavación para la canalización de la red de tuberías.
Tras proceder a la entrega del auto judicial a los responsables del proyecto, los trabajadores optaron por recoger el material de obra, proceder al cierre de las puertas colocadas en el vallado y a reforzar la señalítica de tráfico para evitar riesgos a los vehículos que circulan por esas vías.
La Fiscalía había solicitado la clausura provisional de las obras, al tiempo que requería a la Disa para que aportara la documentación oficial que autoricen el desarrollo del polémico proyecto, además de un estudio pericial que determine la ausencia de riesgo para los inmuebles de las barriadas de las 90 y 91 Viviendas, muchas de las cuales presentan serios problemas en sus estructuras, dado su antigüedad y el mal estado de conservación.
Un grupo de vecinos de las dos barriadas se congregó en la zona donde se produjo la notificación del auto judicial de paralización cuatelar de las obras.
«Necesitamos una valoración más profunda del estado de las viviendas porque llevamos más de 15 años pendientes de que se resuelva el plan de rehabilitación que empezó el Ayuntamiento en las 90 y, en el caso de las 91, debido a una construcción realizada con unos materiales de hace 40 años, que a día de hoy siguen presentando anomalías y ciertos riesgos», denunciaron.
