El portavoz de la asociación Salvar el Oliva Beach, Adrián Fernández, instó ayer a los gobiernos central y canario a que no les abandonen «ni le corten el sustento de vida» de sus familias porque estarían afectando a miles de personas. En concreto, el cierre de ambos afecta a más de 7.000 de forma directa y casi 1.000 empleos indirectos, ya que casi el cinco por ciento» de los habitantes de Corralejo, donde se ubican ambos hoteles, trabajan en estos dos complejos turísticos»
Fernández explicó, en declaraciones a Europa Press después de una concentración de los trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas a raíz de un nuevo expediente incoado por Demarcación de Costas, que si cierran la zona de la playa en la que se encuentran los complejos, lo que se verá allí serán «dos mamotretos solo para que lo utilicen los ocupas, lo que sería el hazmerreír de Europa».
Por ello, consideró que supondría un «estallido socioeconómico si paran» su actividad, ya que no les aportan alternativa. Así, pidieron que escuchen de verdad a los afectados, ya que aseguró que esta playa se mantendría limpia y saneada «como está funcionando».
Finalmente, Fernández recordó que en febrero se reunieron con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero no se ha cumplido lo que les dijo, apuntillando que «de palabra se dice mucho pero de acto Madrid sigue sin» oírles.
Asimismo, aseguró que entienden la transición ecológica, pero una «transición no es un corte de la noche a la mañana» aunque señaló que tienen claro que desde el Gobierno central lo que hay es «un empeño» de «quitarlo sí o sí, rozando vulnerabilidad» de la ley.
Esta situación tiene sus inicios en el momento en el que la cadena RIU solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica una licencia de obras para la modernización del Oliva Beach, de unos 40 años de antigüedad, entonces el Gobierno central no la concedió e inició un expediente de caducidad de la licencia. Posteriormente, la cadena hotelera optó por realizar la petición de obras ante el Gobierno de Canarias a finales de 2021.
Promesas incumplidas
El comité de empresa del Oliva Beach expresó ayer, en la lectura de un comunicado, su decepción por la nueva decisión de Transición Ecológica y por ser víctimas de promesas incumplidas, de discursos caducos que se repiten una y otra vez sin veracidad alguna, de la pasividad, la dejadez y el olvido del Gobierno canario.
Los trabajadores afirmaron que tanto el presidente regional como el consejero de Transición Ecológica, Ángel Víctor Torres y José Antonio Valbuena, respectivamente, les prometieron que «iban a paralizar los expedientes de nuestros hoteles, cosa incierta pues hace unos días nos llegó una notificación del Ministerio para la Transición Ecológica, comunicándonos el acuerdo de incoación del expediente de caducidad de la concesión otorgada al hotel Oliva Beach, al igual que llegó al hotel Tres Islas hace unos meses. En esta notificación también se nos dice que según el reglamente general de Costas, se resolverá antes de 18 meses, pero estamos seguros, que la intención es resolverlo antes de que las competencias lleguen a Canarias, y resolverlos de la manera que llevan persiguiendo desde el Ministerio desde hace años, quitándonos la concesión, y cerrando los hoteles».
La otra promesa fue, añadieron, «que se nos dijo, a principios de febrero, en la reunión bilateral que se iba a tener con el Ministerio el 25 de febrero, era que las competencias estarían en Canarias en julio, y otra vez volvieron a mentirnos, pues ahora resulta que no llegarán hasta enero del 2023, suponiendo que sea cierto y no vuelvan a vender humo».
