El caso del acoso sexual de un concejal a una trabajadora municipal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha traspasado las fronteras canarias. La exasesora Yaiza Sotorrio se ha personado en la capital de España para pedir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, una reunión donde pretende informarla sobre la situación que se viene generando en la Isla con este asunto y, en especial, tras el pleno extraordinario donde la oposición solicitaba la entrega del acta del edil José Juan Herrera.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario condenó al concejal del Consistorio capitalino José Juan Herrera Martel, conocido como Yose, a cuatro meses de prisión e inhabilitación especial como autor de un delito continuado de acoso sexual y al pago de 3.000 euros a la víctima Yaiza Sotorrio, exasesora municipal, quien había presentado una querella criminal contra Herrera.
Sotorrio ha señalado a través de su perfil en redes sociales que «utilizaré todos los medios que tenga a mi alcance para que nos respeten. Solicitó públicamente una reunión con la ministra de Igualdad Irene Moreno. Es su obligación y deber saber lo que está pasando en Fuerteventura».
Además, añade que el pleno extraordinario «fue triste, nuestros derechos, la democracia, nuestras leyes, ensuciado por unos cuantos que no aceptan un no como respuesta. Donde el poder y el dinero están por encima de nuestra Constitución. Un día empecé a defenderme y no pienso parar hasta que me respeten y respeten todo aquello por lo que lucharon nuestras madres y padres».
Tras el fracaso de los grupos de la oposición, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), AMF, Gana Fuerteventura y AEPR, en el pleno del pasado 22 de julio donde reclamaban la entrega del acta de Herrera, el informe jurídico del secretario de la corporación municipal fue demoledor para sus aspiraciones, al señalar que el acuerdo que se proponía llevar al pleno para su votación no se ajustaba a la ley, ya que la reprobación de un edil no es competencia plenaria, el cruce de acusaciones entre los diferentes partidos se fue incrementando en los días posteriores a la sesión celebrada.
Mientras que los nacionalistas consideran que el grupo de gobierno se escudó en un informe jurídico, «presentado de forma precipitada para no dar la cara ante una sentencia por acoso sexual a una trabajadora de la institución», desde el PP insisten en que el alcalde capitalino, Juan Jiménez, debe condenar los hechos de acoso sexual y pedir disculpas a la víctima del acoso.
Sin embargo, Plataforma por Fuerteventura (PxF), la formación que lidera el edil condenado, lo sigue apoyando y denuncian que la petición para la entrega del acta era para reactivar la censura.
