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La Oliva | Incertidumbre sobre un hotel emblemático

El Defensor del Pueblo confirma que caduca la concesión del Oliva Beach

Rechaza la queja del Ayuntamiento y alega que la caducidad para ocupar el dominio público se ajusta a derecho | Turcón apoya la decisión de la institución

Una pareja camina por el complejo dunar de Corralejo con el hotel Oliva Beach al fondo. | | LP/DLP

El colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha manifestado su apoyo al Defensor del Pueblo, que ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de La Oliva y que confirma que el expediente de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre otorgada a Riu Hoteles SA para el hotel Oliva Beach, «se ajusta a derecho y debe continuar hasta sus últimas consecuencias con el derribo de los hoteles y la restauración ambiental de la zona».

El colectivo ecologista está personado en los dos expedientes de caducidad, tanto del Hotel 3 Islas como del Oliva Beach, que «llevan ocupando décadas el dominio público de Costas y un espacio natural protegido como el Parque Natural de Corralejo». Además, añaden que «estos hoteles han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura».

Los trabajadores del hotel Oliva Beach han venido manteniendo a través de numerosas iniciativas y reivindicaciones su rechazo al cierre del hotel. No en vano del mismo dependen unas 400 familias, mientras que la cadena RIU sigue esperando por la licencia para la rehabilitación del establecimiento solicitada desde finales de 2017.

Para Turcón «este modus operandi de Riu no es nuevo y ya se ha visto reflejado en el Oasis de Maspalomas o con la ocupación de las playas más emblemáticas de la Isla de Boavista en Cabo Verde.

Desde la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, donde está integrado Turcón, denuncian «la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a cabo la empresa multinacional RIU, tergiversando datos, defraudando a su plantilla exponiéndola como escudo y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos en contra del interés general y del resto del sector turístico de la Isla».

Los ecologistas también manifiestan que el traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria de las competencias de Costas «no sea una nueva puerta de entrada a la concesión de licencias de obras en dominio público que vayan en contra del interés general y de la protección de la pertenencia pública de todos, cuya preservación es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias». Desde Turcón esperan que el Gobierno de Canarias, sea menos permisivo con la ocupación de la costa de lo que han sido las administraciones anteriores.

«Se trata de una oportunidad para que el Ejecutivo regional demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y la corrupción, el deseo de la ciudadanía es percibir una administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio», apuntan desde el colectivo ecologista.

Los naturalistas quieren participar en la comisión técnica que analice los expedientes abiertos en el proceso de transferencia de las competencias en materia de Costas.

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