El Cabildo de Fuerteventura aprobó ayer en el transcurso del pleno ordinario, elevar una solicitud formal al Gobierno de Canarias para que inste al Estado a paralizar los expedientes que afectan a las concesiones administrativas de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, ambos ubicados en el municipio de La Oliva. El acuerdo, aprobado por mayoría de la sesión plenaria y con el voto en contra de Podemos, ha incluido a instancias de los grupos de la Corporación, una cláusula que incluirá la solicitud de que sean, igualmente, decididos en Canarias todos aquellos expedientes relativos a la Ley de Costas que estén pendientes de tramitación y sobre los cuales se plantan discrepancias con el Estado.

La moción, presentada por el gobierno insular, formado por Sergio Lloret, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), se basa en las competencias que otorga a Canarias el Estatuto de Autonomía en materia de Costas y que será plenamente efectivo a partir del 1 de enero, cuando se culminará el traspaso de definitivo a las Islas de los expedientes que queden pendientes de tramitación y de aquellos para los que, específicamente, haya sido solicitados por la Administración regional su paralización para ser resueltos en las Islas. En este sentido, consideró el presidente insular que «no hay motivos que justifiquen la urgencia en la tramitación de estos expedientes que, a ojos de la Corporación son especialmente importantes dada la repercusión que tienen para La Oliva y para toda Fuerteventura».

«Es un problema que afecta a toda Fuerteventura porque son muchas las familias afectadas por este asunto» recalcó el presidente del Cabildo. También, aclaró que «no estamos entrando en cuál debe ser la propuesta de acuerdo, ni en qué debe pasar una vez transferidos los expedientes, sino en que estos expedientes deben ser tramitados en Canarias porque estamos convencidos de que hay soluciones mejores a las que se están planteando, dentro del escrupuloso cumplimiento de las condiciones de la concesión».

En el mismo sentido se manifestó la vicepresidenta primera, Lola García, quien aseguro que «somos mayorcitos ya en Canarias para resolver estos expedientes». Además, insistió «en la voluntad de ir de la mano, como hicimos en 2018 con el Estatuto de Autonomía, con todos los grupos e instituciones para elevar de forma oficial este requerimiento hasta el Gobierno del Estado. La ley va a ser la misma, pero los asuntos de Canarias se tienen que resolver en Canarias».

Las caducidades de las concesiones administrativas de los hoteles de la cadena RIU, Oliva Beach y Tres Islas, preocupan a los trabajadores y familias.