El juicio penal contra el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, arranca hoy y se extenderá hasta mañana. La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará al líder de los socialistas majoreros por los presuntos delitos de administración desleal y de insolvencia punible durante su gestión como administrador al frente de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), ente que depende del Ayuntamiento de Pájara.

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para cargo público. Acosta ha sido nombrado recientemente candidato del PSOE al Cabildo majorero para las elecciones de 2023.

El llamado caso Gesturpa tiene su origen en una denuncia de Margarita Cabrera Martín, exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de Tuineje. Como acción popular se presentó inicialmente el empresario Ramón Pérez Saavedra, vinculado a la empresa Fuertcan, una de las compañías de los hermanos Pérez con intereses urbanísticos y turísticos , especialmente en la zona de Costa Calma. También se había adherido como acusación popular el grupo político Votemos, pero posteriormente renunció a personarse en la causa.

El fiscal considera que Acosta cometió en 2012 una serie de irregularidades que desencadenaron en una deuda cifrada en casi dos millones de euros tres años después en 2015, cuando cesó al frente de Gesturpa.

Según el escrito presentado por el Ministerio Fiscal, el actual viceconsejero regional de Economía llevó a cabo una serie de «conductas ilícitas a pesar de que sabía que la empresa municipal incurría en causa legal de disolución y se encontraba en una situación de inminente insolvencia». Además, el fiscal sostiene que Gesturpa concertó un préstamo con el Consistorio de Pájara por más de 1,7 millones de euros, «con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo».