Pájara no disolvió la empresa Gesturp a pesar de las pérdidas económicas

El juicio contra el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, arrancó, ayer, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, en su primera jornada donde declararon como testigos los peritos, tanto de la defensa como desde la parte judicial, así como el auditor y liquidador de Gesturpa. La vista oral continuará durante la jornada de hoy, donde Acosta podrá defenderse de las acusaciones de la Fiscalía de los delitos de administración desleal y de insolvencia punible por los que solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para cargo público.

Gesturpa fue creada por el Ayuntamiento de Pájara, como socio único, en 1996 para la construcción de viviendas, gestión de alquileres de inmuebles o ventas de parcelas y fue disuelta el 28 de julio de 2016, con una deuda de más de un millón y medio de euros.

El llamado caso Gesturpa tiene su origen en una denuncia de Margarita Cabrera Martín, exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de Tuineje. Como acción popular se presentó el empresario Ramón Pérez Saavedra, vinculado a la empresa Fuertcan, una de las compañías de los hermanos Pérez con intereses urbanísticos y turísticos en la zona de Costa Calma. También se adhirió como acusación popular el grupo político Votemos, pero renunció a personarse en la causa.

Los hechos que se juzgan están relacionados con la gestión de Blas Acosta como administrador único desde 2010 hasta 2015. El fiscal Tomás Fernández de Paíz considera que durante ese periodo se cometieron diversas irregularidades en la contabilidad de la entidad municipal.

La sesión de ayer fue un sinónimo de una clase de Economía. La Fiscalía basó sus acusaciones sobre la gestión económica del líder del PSOE majorero al frente de la entidad. Durante toda la sesión, el fiscal se mostró contundente con las cuentas de Gesturpa y mostró sus dudas con la contabilidad especialmente con facturas que tardaron seis años en contabilizarse, en referencia a una obra realizada por Gesturpa de alumbrado público en Costa Calma por encomienda del Ayuntamiento de Pájara, que no llegó a cobrarse, así como respecto a un préstamo de 1.7 millones de euros del Consistorio para saldar las deudas con los proveedores a pesar de la nula viabilidad económica de la entidad.

El primero en comparecer ante la magistrada Alicia Buendia Fleitas fue Miguel Ángel Ramírez, auditor de la sociedad municipal, quien aseguró que la empresa siempre daba pérdidas y que era difícil afrontarlas ante la nula liquidez. Además, defendió la gestión de Blas Acosta al frente de Gesturpa al considerar que su intervención no produjo ningún tipo de insolvencia ni que constara que hubiera solicitado un préstamo al Consistorio de Pájara.

A las contradicciones de los peritos de la defensa y judicial, que reconocieron haberse intercambiado sus informes, se unió el liquidador de Gesturpa, Eugenio Vidal, quien dijo que la entidad fue disuelta por ley, que no ha podido liquidar todos los bienes y que los fondos propios estaban por debajo del capital social.