El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la nulidad de la operación urbanística que pretendía el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para la construcción del futuro Palacio Justicia. El Alto Tribunal canario también anula la clasificación de la parcela de la empresa petrolera Disa, así como la renovación urbana en la trasera del cuartel militar del Regimiento de Infantería Soria 9, donde se pretendían unificar los juzgados.
La sentencia, que fue adelantada por el periódico Diario de Fuerteventura, supone un fuerte golpe a las pretensiones del Consistorio capitalino y del propio Gobierno de Canarias, que había asignado en los presupuestos del próximo año 790.000 euros para la edificación del edificio judicial. Tras esta sentencia, su edificación se tuerce y habrá que buscar nuevo suelo, a pesar que ya existe un proyecto.
En la operación urbanística entreban tres protagonistas: el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ministerio de Defensa y Disa. En el acuerdo, el Ministerio de Defensa aportaba 32.366 metros cuadrados de la parte trasera del cuartel, de los cuales se convertían en edificables 29.517 metros, unos terrenos de donde saldría una parcela en la que ubicar el futuro Palacio de Justicia.
Por su parte, Disa aportaba una parcela de 12.461 metros cuadrados ubicada en la zona comprendida entre el Palacio de Congresos y la playa de Los Pozos, un espacio libre que pasaría a propiedad del Consistorio capitalino.
El edificio se debía levantar en una parcela de 3.000 metros cuadrados en la trasera del cuartel militar, tendría una altura de seis plantas y una superficie de 19.450 metros cuadrados, lo que permitirá agrupar a todos los juzgados de Puerto del Rosario. La inversión prevista para la construcción del edificio judicial roza los 20 millones de euros.
La empresa Disa rechazó en su día la operación y acabó impugnando el acuerdo adoptado por el Consistorio en octubre de 2017. El descontento residía en que la parcela de su propiedad cercana a la playa de Los Pozos debería estar clasificada como suelo urbano consolidado, pero el Plan General, le rebajaba la categoría a suelo urbano no consolidado. La Justicia le ha dado la razón a la petrolera.
