Política | Inestabilidad en el Gobierno insular

El secretario del Cabildo de Fuerteventura avisa de que los consejos de Gobierno son ilegales

Miguel Ángel Rodríguez informa de que el quorum legal son tres miembros y no dos | CC reclama la dimisión de Lloret y el PP que no se celebren más sesiones

Lola García (CC), Sergio Lloret (AMF) y Claudino Gutiérrez (PP) cuando eran socios del gobierno insular. | | LP/DLP

Lola García (CC), Sergio Lloret (AMF) y Claudino Gutiérrez (PP) cuando eran socios del gobierno insular. | | LP/DLP / LA PROVINCIA / DLP

Un informe del secretario general del Cabildo de Fuerteventura, Miguel Ángel Rodríguez, que advierte de que los miembros mínimos para dar legalidad al Consejo de Gobierno son tres en lugar de los dos actuales, provocó ayer un auténtico tsunami político. Sin embargo, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, aseguró que dicho documento no es vinculante. CC pidió, tras conocer el dictamen, la dimisión de Lloret, y el PP reclamó que no volviera a convocar el citado órgano de gobierno. Ambos partidos advierten, además, de que los acuerdos adoptados en el Consejo insular podrían ser declarados nulos y que se generarían importantes indemnizaciones a los afectados.

Tras el cese de los siete consejeros nacionalistas y la marcha de los populares, el Cabildo majorero sólo cuenta con dos miembros en el gobierno, el propio presidente Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera, ambos de AMF, frente a los 23 de la oposición. A pesar de ello, el presidente insular ha convocado en reiteradas ocasiones el Consejo de Gobierno amparado en un informe de los Servicios Jurídicos de la institución y ha adoptado importantes acuerdos, como la compra del poblado La Florida, parcelas en el plan parcial La Cerquita o el contrato para la conservación de carreteras por 45 millones de euros, entre otros.

Después de hacerse público las conclusiones del citado informe, solicitado por nacionalistas y populares, la reacción de estas dos formación no se hizo esperar.

El secretario insular de CC, Mario Cabrera, señaló que «Sergio Lloret se ha quedado sólo y, como nos temíamos, no van a poder sacar ninguno de los proyectos adelante. Ya se lo advertimos en su momento y ahora este informe jurídico nos vuelve a respaldar». Además, añadió que «en lugar de atender a razones, Lloret sigue gobernando, desoyendo la propia ley, pero no es el único culpable de la situación. Si está hoy de presidente es porque el PSOE quiere, porque se le ha ofrecido la posibilidad de acabar con esta locura en el Cabildo y dar estabilidad a la Isla en el cierre de legislatura. En lugar de ello, permiten a Sergio Lloret permanecer cinco meses de estancamiento de la máxima institución insular, lo que podría evidenciar una vez más que el pacto Dreamland se encuentra detrás de estas decisiones»

Por su parte, la portavoz nacionalista, Lola García, asegura que «es muy grave que hayamos advertido en su momento que la actual composición del Consejo de Gobierno se salta la normativa vigente y que, por absoluta cabezonería, se nos haya desoído. Lo trascendental aquí es que todos los acuerdos adoptados con la actual composición son nulos, con importantes repercusiones legales y trayendo consigo graves consecuencias jurídicas y económicas por las indemnizaciones que supondría a terceros por los daños y perjuicios causados si se anularan los acuerdos ya adoptados por el consejo de gobierno».

«El informe determina no solo que el quórum de dos es claramente insuficiente sino que, además, el Consejo de Gobierno no podrá ser reforzado por directores insulares y, lo más grave, que se están tomando acuerdos que son nulos de pleno derecho», asegura la consejera del Partido Popular (PP), Jessica de León.

Después de este informe, el PP pide que se declaren nulos de pleno derecho todos los acuerdos tomados en el seno del Consejo de Gobierno para no ocasionar un perjuicio mayor a la institución

«Por poner un ejemplo: si se continuara con el contrato de carreteras, se adjudicara y alguna empresa presentara una reclamación y la nulidad del procedimiento, se tendría que indemnizar con un 3% al adjudicatario sin poner ni un camión en funcionamiento. El 3% de 45 millones es 1.200.000 euros, por no hacer nada. Eso es lo que nos estamos jugando», asegura De León.

El PP ha solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente para tratar este asunto. «Si tras la Junta de Portavoces el presidente insiste en continuar con estas convocatorias, no nos quedará más remedio que pedir amparo a cuantas instituciones aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente como ya hemos advertido. Es el momento de los grandes partidos».