Pleno ordinario de la corporación insular

El Cabildo de Fuerteventura rechaza por unanimidad las licencias para explorar tierras raras

El pleno aprueba pedir al Gobierno canario que rechace las solicitudes actuales y futuras de su investigación y desarrollo

Argumenta que perjudican a la Isla

Moción rechazada, Cabildo de Fuerteventura 22/03/24

La Provincia

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El pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por el grupo de gobierno, en la que se insta al Gobierno de Canarias a dejar sin efecto cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de tierras raras en la Isla, así como rechazar cualquier tipo de solicitud. De hecho, el pleno extiende su rechazo no solo a que no se autorice este tipo de prospecciones en el territorio, sino también en cualquiera de sus fases (investigación o desarrollo), ni ahora ni el futuro.

La corporación insular argumenta que se trata de una actividad altamente contaminante que, incluso en fase de investigación, conlleva efectos irreparables en el territorio, ponen en riesgo la planificación insular y cuyos permisos se han admitido a trámite en Fuerteventura sin consultar ni a las instituciones locales ni a la sociedad majorera. En concreto, la Dirección General de Industria admite a trámite y pretende autorizar la investigación de este tipo de elementos químicos en la Isla.

Una vez estudiada la situación por parte del Cabildo, los informes advierten del grave daño que causarían en zonas de la Reserva de la Biosfera, zonas de especial protección para las aves (ZEPA), Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario y otras afecciones a elementos de interés etnográfico y patrimonial. El primero de estos permisos (Tenáridos -FV02 P.LP Opares) se sitúa en Puerto del Rosario, dentro del mancomún. Las coordenadas que establece el proyecto actual duplican la superficie de actuación con respecto a las publicadas primero en el Boletín Oficial del Estado (28 de febrero).

También se suma otro proyecto, aún no publicado en el BOE, que multiplica por catorce la superficie del que se encuentra ya en trámite, y que afecta a unos 19 kilómetros cuadrados de los municipios de Pájara y Betancuria (Tenáridos-FV03 P.LP Verode).

Las consencuencias para la Isla

La presidenta insular, Lola García, señaló: «No ponemos en duda las posibilidades que puede tener su investigación desde el punto de vista tecnológico, pero nos preocupan las consecuencias que pueda tener en el territorio este tipo de minería que, incluso en fase de investigación, utiliza técnicas agresivas y elementos altamente contaminantes».

«Estamos hablando de que, para obtener una mínima cantidad de estos materiales, se requiere de la extracción de toneladas de tierra y un destrozo irreparable de una superficie amplia y zonas protegidas con gran valor natural y etnográfico», alertó García. «Todo ello, como siempre, sin informar ni consultar a la sociedad e instituciones majoreras», añadió.

La presidenta majorera subrayó que el territorio es «frágil», por lo que «no queremos que Fuerteventura siga siendo el solar de ensayo de toda Canarias para las grandes empresas y mucho menos con el beneplácito del Estado». En este sentido, recordó: «Ya nos están bombardeando lo suficiente con parques fotovoltaicos y eólicos aprobados por la vía del interés general y sin ordenación, tendidos eléctricos de norte a sur y campos de tiro».

Además, García indicó: «Ya he pedido por escrito a la Consejería de Industria la relación de solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos 10 años en Fuerteventura».

El vicepresidente insular, Blas Acosta, declaró que no se permitirá que «se den permisos de exploración sin que hayan pedido consulta previa a las instituciones insulares sobre una actividad industrial y extractiva con implicaciones socioeconómicas de gran magnitud sobre Fuerteventura y que supone la extracción y procesado de toneladas de tierra, generando un daño irreversible a los ecosistemas y un elevadísimo impacto en el territorio».

La moción expone también la disconformidad de la corporación con la actuación de la Consejería de Industria, que vulnera las competencias de las instituciones locales al ocultar documentación de proyectos que ponen en riesgo la planificación insular. Se le pide que facilite toda la información sobre estas solicitudes.+

Declaración institucional para apoyar a la plantilla del hotel Oliva Beach

El pleno del Cabildo aprobó por unanimidad una declaración institucional para mostrar su compromiso y apoyo al personal, la Plataforma Salvar el Oliva Beach y su comité de empresa tras la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica en la que declara la caducidad de la concesión del hotel. La corporación insular insta al Gobierno regional a plantear un conflicto de competencias en materia de ordenación del litoral ante el Tribunal Constitucional. Además, reclama al Ejecutivo que busque cualquier posibilidad de interposición un recurso ante la Audiencia Nacional contra la resolución ministerial.

El 27 de febrero, Transición Ecológica declaró la caducidad de la concesión del Hotel RIU Oliva Beach y su derribo. Ante esta situación, explicó la presidenta insular, Lola García, «es importante que todos los grupos de la corporación insular mostremos unidad y nos manifestemos ante una resolución que es todo un golpe para los más de 400 trabajadores que llevan años luchando para salvar lo que, durante décadas, ha constituido un verdadero impulso a la economía de La Oliva y de la Isla».

«Por este motivo», dijo, «aprobamos una declaración institucional para reiterar nuestro apoyo a los trabajadores y pedir al Gobierno de Canarias que exija que se respeten sus competencias» y añadió que no tienen que tutelar en Madrid los problemas que deben resolverse en Canarias.

Por su parte, Blas Acosta señaló: «El Gobierno de Canarias debe defender sus competencias que ya han sido transferidas y mantener reuniones bilaterales con el Estado respecto al ámbito competencial».

Todos los grupos expresaron la necesidad de buscar soluciones, que se agoten todos los recursos posibles y defender el Estatuto de Autonomía de Canarias, teniendo el Archipiélago y las instituciones insulares capacidad de decisión en los asuntos que conciernen al territorio canario. Se insta al Ministerio para la Transición Ecológica a mantener las reuniones necesarias con la empresa para llegar a acuerdos en defensa de los trabajadores.

Por otra parte, en relación a la comparecencia pedida por el Grupo Mixto de la presidenta insular sobre Tarfaya, García explicó su actual situación. 

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