Betancuria
El exalcalde Gordillo es condenado a un año y medio de inhabilitación
La jueza absuelve a Judith Marichal, Teodoro Peña y Agustín Medina de prevaricación por el proyecto del nuevo edificio del Ayuntamiento
M. R. P.
El exalcalde de Betancuria Ignacio Gordillo, de 83 años, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a un año, nueve meses y 15 días de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en relación al proyecto de las nuevas Casas Consistoriales. La sentencia se publica después de 24 años, fecha en que ocurrieron los primeros hechos por los que se le juzgó. Gordillo fue alcalde de Betancuria desde agosto de 1991 hasta el 2007.
Además del exregidor de Betancuria también estaban acusados la exsecretaria Judith Marichal, el exedil Teodoro Peña, y el técnico municipal, Agustín Medina. Todos ellos, han sido absueltos de los delitos de prevaricación administrativa al no acreditarse la comisión de delito alguno.
La Fiscalía reclamaba inicialmente para cada uno de los acusados ocho años y cinco meses de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se daba la circunstancia que todos los acusados formaban parte de la mesa de contratación que en el año 2002 adjudicó el proyecto del nuevo edificio del Consistorio de Betancuria.
Los hechos tienen su origen cuando en 2007 se produce el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Betancuria. El nuevo gobierno local remite a la Audiencia de Cuentas el expediente del proyecto de construcción de la nueva Casa Consistorial.
La sentencia se produce 24 años después de los primeros hechos, con el contrato para la redacción del proyecto
La Audiencia de Cuentas detectó importantes irregularidades, entre ellas la sobrefinanciación de las obras, la adjudicación del contrato de redacción del proyecto y la dirección de obras al margen de los procedimientos legales establecidos. Además, se detectó que el proyecto contaba con una subvención del Cabildo de Fuerteventura por importe de 180.303,00 euros, y además se aprobó un suplemento de crédito financiado con remanentes de Tesorería por 205.167,00 euros con destino a la financiación de la obra.
1,3 millones de euros
A pesar de ello, se concertó una operación de préstamo por el importe total del proyecto de obras, cifrado en 1,3 millones de euros, entre otras muchas presuntas irregularidades. La Audiencia de Cuentas remitió al Juzgado las presuntas irregularidades que fueron investigadas por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Puerto del Rosario.
Según la magistrada Margarita Gómez Martín, «se adjudicó por tanto por el alcalde el contrato de redacción del proyecto y dirección de las obras prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, pues no consta ningún dato objetivo por el cual fuere precedido de un procedimiento publico de adjudicación de los trabajos, por lo que se eludió de forma consciente todo procedimiento de contratación publica para adjudicarlo directamente. Con la adjudicación directa el alcalde tuvo el dominio del hecho al firmar el contrato, en asunto encomendado por razón de su cargo, adoptando un a decisión arbitraria, y con desprecio de la normativa de contratación publica».
Respecto a la entonces secretaria interina, Judith Marichal, la sentencia recoge que no se acredita que haya tenido intervención alguna en la suscripción del contrato con los arquitectos llevado a cabo por el alcalde, siendo su intervención con posterioridad pues cuando se suscribe el decreto el contrato ya había sido formalizado. No resultando acreditado que conociera la arbitrariedad cometida». La magistrada cree también que Teodoro Peña y Agustín Medina «actuarán con conocimiento de qué se estuviere cometiendo ilegalidad alguna en el proceso de adjudicación de la obra».
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia, y en la misma se detecta un error en el fallo al fijar una pena de siete años y seis meses de inhabilitación para Gordillo, cuando se le aplicó u la pena que fija la ley para el delito inferior en dos grados.
El pleno del Ayuntamiento acordó en julio por unanimidad poner el nombre del exalcalde Ignacio Gordillo a una calle, plaza o edificio en el municipio histórico.
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