Echedey, un canario en busca y captura tras no presentarse al juicio por agresión sexual a su hija e hijastra

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado una orden de busca y captura para Echedey A. S., un canario que se enfrenta a 30 años de cárcel por dos presuntas agresiones sexuales a su hija y a su hijastra, tras no presentarse al juicio que estaba previsto que se celebrase este martes. El acusado, que permanece hasta el momento en situación de libertad provisional con obligación de comparecer en el juzgado, no pudo ser notificado de forma presencial pese a los insistentes esfuerzos de la Guardia Civil.

El magistrado presidente, Miguel Ángel Parramón i Bregolat, acordó esta medida junto a la suspensión de la vista oral hasta localizar al encausado. Una vez logren dar con su paradero, está previsto que se celebre una comparecencia para decidir si se acuerda una medida de prisión provisional o si, por el contrario, se mantiene en situación de libertad hasta la celebración del juicio.

Tanto el fiscal, Jesús Delgado Diosdado, como la abogada de la familia, Mónica Sánchez Barragán, han solicitado el ingreso en prisión debido a esta inasistencia. Le atribuyen dos agresiones sexuales a menores de 16 años cometidas presuntamente entre 2016 y 2019 durante unas vacaciones a Tenerife y de regreso en Fuerteventura en los dos domicilios familiares donde convivían.

La acusación sostiene que cometió algunos de estos hechos bajo el pretexto de comprobar su virginidad

La defensa, que ejerce el letrado Vicente Rivero del despacho de Palomino y Asociados, reclama en cambio la libre absolución al considerar que el acusado no es autor de los hechos que se le imputan. Según esta parte, los relatos de las víctimas son falsos y no coinciden en detalles como las fechas, los periodos de residencia en cada lugar ni las edades de las menores.

La Fiscalía pide una pena de 14 años de cárcel al imputarle dos delitos continuados de abuso y agresión sexual a menores de 16 años, además de una indemnización de 25.000 euros a su hijastra y de 8.000 euros a su hija biológica por los daños morales. Sostiene en su escrito de acusación que Echedey aprovechó la relación de confianza que tenía con su hijastra para tocarle las partes íntimas bajo el pretexto de comprobar si era virgen o no. En otras ocasiones, presuntamente le tocó los pechos y se metió en el baño mientras se duchaba con el fin de comprobar los cambios que estaba teniendo su cuerpo como consecuencia del tránsito a la adolescencia.

Visualización de material pornográfico

En el mismo intervalo temporal y en la vivienda familiar, continúa el informe del Ministerio Público, habría obligado a su hija biológica a visionar en múltiples ocasiones material pornográfico en la tablet, en los momentos en los que ambos se quedaban a solas en la habitación con la puerta cerrada.

La acusación particular, por su parte, eleva su solicitud de pena a 30 años de cárcel y 60.000 euros de indemnización. La familia mantiene que el acusado atentó contra la indemnidad sexual de su hijastra con acceso carnal, cometiendo distintas acciones con el pretexto de comprobar la virginidad de la menor tras sufrir un retraso de la menstruación y asegurando que pretendía comprobar que no estaba embarazada.

Durante estas agresiones, presuntamente le dirigió expresiones como "que era una puta, que había tenido relaciones sexuales, que eso estaba abierto, que si no hubiera tenido relaciones sexuales el dedo no hubiera entrado fácil". Según esta parte, sucedieron desde los ocho o nueve años de la víctima hasta que esta cumplió los 14 y la pareja se separó.

La defensa pide la absolución y argumenta que los relatos de las víctimas son falsos y se contradicen

Además, añade esta acusación que durante los episodios en los que le mostraba imágenes pornográficas a su hija aprovechó para realizar "múltiples actos de carácter sexual", como tocarle la zona genital o anal u obligarle a que le practicara una felación. La víctima tendría, al momento de los hechos, entre cuatro y diez años de edad.

Mientras tanto, la defensa argumenta que el acusado reconoció haber preguntado a la menor, en presencia de su madre, por un posible embarazo al retrasarse el periodo y haberle realizado un test, pero tacha de "absolutamente falsas" el resto de las manifestaciones del Ministerio Fiscal y de la acusación particular sobre lo ocurrido durante unas vacaciones en Tenerife y en los domicilios de La Asomada y Antigua, en Fuerteventura.

Declaraciones de las víctimas

También niega las manifestaciones de su propia hija y sostiene, en su escrito de conclusiones provisionales, que de haber ocurrido los hechos y de haberlos conocido su madre habrían interpuesto la denuncia en el momento y no "años después". Señala así que la menor afirmó en su declaración en fase de instrucción que los hechos sucedieron "solo una vez", mientras que su madre dijo que fueron muchas veces y que "se lo contó a mamá, más días después".

El encausado tiene antecedentes por un delito de violencia doméstica y de género relacionado con un caso de maltrato habitual y fue condenado en 2020. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria le impuso entonces una pena de 14 meses de prisión, pendiente de cumplimiento, y la prohibición de aproximarse a su pareja y a sus hijas.