El alcalde de Betancuria y la secretaria van a declarar como investigados
La Fiscalía denuncia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y acoso laboral

Enrique Cerdeña, alcalde de Betancuria. / La Provincia
El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, deberá acudir a declarar en calidad de investigado ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, Andrea Aguiar Vidal, el próximo 27 de marzo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral, después de que el citado Juzgado abriera diligencias previas por la denuncia presentada por la Fiscalía. También deberá comparecer en la misma fecha en sede judicial, como investigada, Elena Puchalt, secretaria e interventora municipal.
El llamado caso Betancuria tiene su origen con la denuncia presentada en agosto de 2024 y ampliada en enero de 2025 por parte de Isabel Clara Marichal Torres, funcionaria del Ayuntamiento de Betancuria, que ejerce como asesora jurídica y jefa de Recursos Humanos desde 2012 y que había ejercido ocasionalmente como secretaria e interventora municipal. Además, Marichal Torres asume en este caso no sólo el rol de perjudicada sino que se ha personado como acusación particular, según el citado diario majorero.
Obras por 400.000 euros
Uno de esos expedientes está relacionado con obras de reposición de muros y pavimentaciones, por valor de más de 400.000 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, porque el concurso había quedado desierto. Sin embargo, se acaba adjudicando, con esta fórmula, a la misma empresa que no había atendido la solicitud de entrega de documentación por la Mesa de Contratación, motivo por el que quedó desierto el concurso. Además, se nombró como órgano de contratación la Junta de Gobierno local, cuando el competente es el pleno municipal, según se recoge en el escrito del fiscal Tomás Fernández de Páiz.
También desde la Alcaldía de Betancuria se ordena el pago de una certificación de obra por valor de 53.000 euros como si fuera un contrato menor, «a pesar de que no lo es ni podría serlo, porque excedería la cuantía máxima. Ni siquiera la alcaldía tiene esa competencia». También se investiga la adjudicación de servicios municipales a empresas externas.
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