Puerto del Rosario recrimina al Gobierno de Canarias por el bloqueo a las ayudas al alquiler
Desde el Ayuntamiento capitalino se califica la decisión como una injerencia y una extramilitación de las competencias municipales

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan Manuel Verdugo. / La Provincia
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha presentado un requerimiento oficial a la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para que revoque el informe desfavorable que impide la puesta en marcha de las ayudas al alquiler joven para menores de 35 años. El Consistorio capitalino califica la decisión autonómica como una «injerencia inaceptable y una extralimitación de competencias que vulnera la autonomía local y perjudica directamente a los jóvenes del municipio». Además, si en el plazo de un mes no se atiende la demanda se interpondrá un recurso contencioso-administrativo para defender sus competencias y los intereses de los vecinos del municipio capitalino.
El requerimiento, impulsado por el primer teniente alcalde y concejal de Economía y Hacienda, y abogado, Juan Manuel Verdugo, trata de desarmar los argumentos de la viceconsejería. Verdugo señala que el informe autonómico «ignora de manera inexcusable la normativa estatal y autonómica y en concreto el artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que exige la elaboración de un nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) cuando ya existe uno en vigor para el periodo 2025-2026».
Además, el concejal subraya que el presupuesto municipal 2026, aprobado y en vigor, cumple escrupulosamente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, como certifica el Interventor municipal en su informe de cumplimiento de reglas fiscales acompañado al expediente de Presupuestos de 2026. «El desequilibrio puntual de 2025 se debió al pago de una sentencia judicial de más de 6 millones de euros, un gasto extraordinario que no responde a un problema estructural por tanto. Imponer ahora una no disponibilidad de crédito contemplado en el presupuesto ordinario que no requiere de créditos extraordinarios es una medida desproporcionada y carente de fundamento legal que atenta contra nuestra autonomía y podría incluso constituir una discrecionalidad», afirma Verdugo.
El alcalde, David de Vera, ha defendido con firmeza la gestión municipal, destacando la sólida salud financiera del Ayuntamiento, que cuenta con deuda cero, un remanente de tesorería de casi 27 millones de euros y unas proyecciones trimestrales actuales que garantizan superávit presupuestario en el presente ejercicio. «Es incomprensible que, con esta solvencia, se nos pretenda imponer medidas coercitivas basadas en una interpretación errónea y desproporcionada de nuestra situación financiera. No permitiremos que se menoscabe nuestra capacidad para gestionar los intereses de nuestros vecinos», ha declarado el Alcalde, que dice “ponerse al frente de la institución con la firme convicción de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanos de este municipio”.
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