Las acampadas, regular para proteger el territorio de Fuerteventura

El crecimiento del turismo itinerante en Fuerteventura, especialmente en enclaves como El Cotillo, ha abierto un debate cada vez más presente en la sociedad insular: la necesidad de regular la acampada y la pernocta en caravanas en espacios naturales.

Lejos de ser una cuestión ideológica, se trata de una realidad que otras islas del archipiélago ya han abordado con distintos modelos de gestión. En Tenerife, el Cabildo dispone de más de una veintena de zonas de acampada habilitadas, donde es necesario solicitar autorización previa y respetar límites de estancia. En Gran Canaria, áreas como Presa de las Niñas o Corral de los Juncos cuentan con espacios delimitados y normas específicas que prohíben acampar fuera de ellos. Por su parte, Lanzarote mantiene un modelo más restrictivo, con limitación de accesos en zonas como Papagayo y restricciones a la pernocta libre.

En contraste, determinadas zonas de Fuerteventura han experimentado un aumento significativo de caravanas, estructuras provisionales y ocupaciones irregulares en suelo rústico. Este fenómeno, además, ya no se limita a enclaves concretos ni a momentos puntuales del año.

Lo que ocurre en El Cotillo se repite en otros espacios de la isla y ha dejado de ser una situación asociada a periodos vacacionales, como Semana Santa o los meses de verano. La presencia continuada de vehículos vivienda y asentamientos informales apunta a un proceso cada vez más estructural, con implicaciones que van más allá del uso turístico ocasional.

Este carácter permanente intensifica los retos en materia de ordenación del territorio, sostenibilidad ambiental y gestión pública. Entre los principales impactos detectados se encuentran la degradación del suelo y de la vegetación en ecosistemas frágiles, la proliferación de pistas no autorizadas, la acumulación de residuos y vertidos sin control, así como una alteración del paisaje en enclaves de alto valor natural. A ello se suma el efecto sobre la fauna en áreas especialmente sensibles.

Más allá del ámbito ambiental, la concentración prolongada de vehículos vivienda en espacios reducidos genera también tensiones en el uso del espacio público. El ruido, la ocupación continuada de zonas costeras y los conflictos entre distintos usuarios -residentes, turistas y visitantes ocasionales- contribuyen a una creciente sensación de saturación.

Expertos en ordenación territorial coinciden en que la regulación de esta actividad no implica su prohibición, sino su integración dentro de un modelo sostenible. La habilitación de zonas específicas, el establecimiento de límites temporales y el refuerzo de la vigilancia figuran entre las medidas aplicadas en otros territorios.

Sin embargo, hay un elemento que resulta determinante y que no siempre recibe la atención que merece: cómo se construye esa regulación. Porque ordenar no es solo legislar, sino también generar legitimidad social.

En un territorio como Fuerteventura, donde el uso del espacio natural forma parte de la vida cotidiana y del propio atractivo turístico, cualquier norma que se perciba como impuesta corre el riesgo de generar rechazo y, en consecuencia, incumplimiento. Por ello, la regulación de la acampada no puede abordarse únicamente desde los despachos.

La experiencia demuestra que las medidas funcionan mejor cuando la ciudadanía forma parte del proceso. Abrir espacios de participación real -donde estén presentes residentes, usuarios de caravanas, colectivos ecologistas, sector turístico y administraciones- no es un gesto simbólico, sino una condición para que las soluciones sean viables.

Participar no significa retrasar decisiones, sino hacerlas más sólidas. Permite identificar usos reales del territorio, detectar zonas especialmente sensibles o, por el contrario, aptas para acoger esta actividad, y anticipar conflictos antes de que se agraven. Sobre todo, genera corresponsabilidad: cuando las normas se sienten propias, su cumplimiento aumenta.

En este sentido, avanzar hacia un modelo ordenado pasa también por incorporar herramientas concretas de participación: procesos de consulta pública accesibles, mesas de trabajo con representación diversa, proyectos piloto en determinadas zonas y mecanismos de evaluación continua. No se trata de elegir entre regulación o libertad, sino de construir un marco claro, compartido y adaptable.

El caso de El Cotillo refleja, en definitiva, un desafío más amplio: cómo compatibilizar el atractivo turístico con la conservación del entorno y la calidad de vida de la población local. Pero también abre una oportunidad para hacer las cosas de otra manera.

La cuestión ya no es únicamente si debe regularse la acampada en espacios naturales.

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