Asociaciones recurren el concierto social de dependencia del Cabildo de Fuerteventura

Varias entidades sociales majoreras y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias anunciaron ayer acciones judiciales después de detectar posibles irregularidades en el concierto social de servicios de atención a la dependencia del Cabildo de Fuerteventura.

La Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer (AFFA) y Acufade explican que el origen de la situación se encuentra en el procedimiento mediante el cual el Cabildo ha organizado la prestación de un servicio social especializado financiado con fondos públicos. La gerente de AFFA, Teresa Cabrera, la directora de Acufade, Elena Felipe Pérez, y la responsable del Observatorio, Emma Colao, coinciden en que el problema no se limita a un caso concreto, sino al precedente que puede generar en el conjunto de servicios sociales de Canarias.

Las entidades alertan de que existen dudas sobre el cumplimiento de la acreditación exigida para prestar el servicio objeto del concierto, un requisito que consideran esencial y no un mero trámite administrativo. Recuerdan que la acreditación garantiza que las entidades cuentan con medios, organización, equipos profesionales y condiciones técnicas suficientes para prestar un servicio social seguro y de calidad.

Advierten de que permitir la prestación sin dichas acreditaciones supone un riesgo para las personas usuarias, sus familias y el sistema público de servicios sociales. Desde AFFA, Teresa Cabrera afirma que ha agotado todas las vías de advertencia y comunicación antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Indican que el 12 de mayo interpusieron recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas, tras el cierre del procedimiento por parte del Cabildo pese a las advertencias previas. Por su parte, Elena Felipe Pérez advierte de que el caso de Fuerteventura puede sentar un precedente grave para las entidades acreditadas en Canarias.

Asimismo, exponen que ignorar la obligación de acreditación afectaría a todas las entidades que cumplen requisitos técnicos, profesionales y organizativos para prestar servicios especializados con garantías. El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, a través de Emma Colao, ha presentado denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos contra la Administración Pública, al apreciar indicios de prevaricación administrativa. Las entidades insisten en que la defensa de las acreditaciones busca proteger la calidad, dignidad y seguridad de los servicios sociales en Canarias. Además, exigen transparencia y responsabilidad a las administraciones y alertan de que prestar servicios sin garantías arriesga a las personas usuarias.

Por ello, solicitan a las administraciones competentes que revisen el procedimiento, garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y refuercen los mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Insisten en que la protección de las personas dependientes debe ser siempre prioritaria en todo momento.

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