El Ayuntamiento de Puerto del Rosario recauda 2.7 millones de dos empresas energéticas

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha desestimado los recursos presentados por las compañías energéticas Naturgy Renovables y DISA Generación por el uso del suelo rústico para la instalación de infraestructuras energéticas, con lo que ambas empresas deberán ingresar en las arcas municipales un importe que supera los 2,7 millones de euros.

Las resoluciones municipales, sólidamente fundamentadas en informes técnicos y jurídicos, según fuentes municipales, rechazan las alegaciones de ambas entidades, que solicitaban la nulidad de las liquidaciones y la devolución de las cantidades abonadas o liquidadas. Los importes confirmados ascienden a 1.103.872,65 euros en el caso de Naturgy y 1.683.025,59 euros en el de DISA.

Ambas empresas argumentaban, entre otros motivos, que sus proyectos, autorizados mediante el procedimiento especial del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario por su interés general, no estaban sujetos al pago de este canon y, en el caso de DISA, además amparado por la obra denominada ‘Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW - Planta Mezque’ en el marco de la declaración de emergencia aprobada por el Gobierno de Canarias en materia energética. Sin embargo, las resoluciones municipales aclaran que dicho procedimiento excepcional agiliza la tramitación de las autorizaciones, pero no exime del cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en la normativa urbanística y de suelo.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha subrayado la importancia de estas actuaciones para garantizar la sostenibilidad financiera del municipio y la equidad en el uso de los recursos públicos. «Nuestro compromiso es con una gestión responsable y justa de los recursos que son de todos. Toda entidad que desarrolle una actividad económica lucrativa en nuestro territorio debe contribuir de manera equitativa, tal y como marca la ley. Este canon no es una medida arbitraria, sino un mecanismo legal que asegura que el aprovechamiento privado de nuestro suelo rústico revierta directamente en la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras para nuestros vecinos y vecinas. Seremos firmes en la defensa del interés general y de la legalidad».

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