La anulación de la línea con la Península eleva los precios un 70%

La presidenta insular, Lola García, ha respondido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras recibir contestación de la Dirección General de la Marina Mercante que confirma que la parada en Fuerteventura no forma parte de la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima de interés público entre la Península y Canarias, al corresponder dicha obligación únicamente a las conexiones con las islas capitalinas.

En su respuesta, el Ministerio señala que la escala en Fuerteventura se venía realizando como consecuencia de una mejora ofertada por la empresa adjudicataria y no por una condición obligatoria del contrato. Por lo tanto, la empresa adjudicataria ha eliminado la escala en la isla majorera.

La preocupación por la pérdida de la conectividad marítima con la Península ya había sido manifestada en numerosas ocasiones tanto por el Cabildo insular, como por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Parlamento canario. Además, agregó: «Lamento que el ministro no haya considerado de suficiente relevancia atender una reivindicación institucional que afecta directamente a la conectividad, la economía y la vida cotidiana de más de 127.000 ciudadanos y al tejido económico de toda una isla».

Según advierte Lola García, la doble insularidad ya supone una desventaja estructural para la isla majorera, «eliminar una conexión directa con la Península agrava esta desigualdad».

Los primeros balances económicos apuntan a un incremento de los costes del transporte de más de un 70% al depender de enlaces a través de Gran Canaria. «Un sobrecoste que repercute directamente en el precio de los productos, reduce la competitividad de nuestras empresas y termina soportándolo cada familia majorera. Fuerteventura no pide un privilegio. Exige el mismo trato que cualquier territorio cuando está en juego un servicio esencial para su población».

Asimismo, el Cabildo majorero anuncia que ha informado al Ministerio que impulsará cuantas iniciativas administrativas, institucionales, políticas y parlamentarias resulten necesarias para lograr este objetivo», apunta García, que además, advierte que «lo haremos porque la realidad demográfica, económica, social y territorial de Fuerteventura justifica plenamente esta decisión y porque no vamos a renunciar a una reivindicación que consideramos justa, necesaria y estratégica para el presente y el futuro de nuestra isla».