La Policía investiga al patrón del barco marroquí que llegó a la Fuerteventura el pasado viernes

Una veintena de inmigrantes de origen magrebí llegaron el pasado viernes al litoral majorero a bordo de un pesquero procedente del El Aaiún. A pesar que la embarcación pesquera fue interceptada a la altura de la localidad de El Castillo, fue trasladada hasta el muelle de la localidad de Gran Tarajal.

Ante ello, el Ayuntamiento de Tuineje ha reclamado a la Delegación del Gobierno su traslado a otro puerto por el riesgo que pueda ocurrir una tragedia como la ocurrida en febrero de 2018, cuando un fuerte temporal provocó el hundimiento de nueve gabarras y pontones.

Tanto el citado Consistorio majorero como Ecopuertos Autonómicos de Canarias denunciaron que no habían recibido información del Estado sobre la situación del pesquero, ya que el mismo acumula a bordo combustible y materiales contaminantes.

La petición del Ayuntamiento de Tuineje cae en saco roto dado que el barco, de nombre A Ali-03 se encuentra en proceso de investigación por parte de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario, que indaga si realmente la embarcación fue robada en El Aaiún e intentan averiguar el papel del patrón que realizó la travesía desde la excolonia española hasta la isla majorera.

Hasta que el Cuerpo Nacional de Policía no termine sus diligencias de investigación y se presenten ante el Juzgado de Instrucción de guardia, el día de la arribada y que éste determine su veredicto, no se podrá solicitar el destino del barco, que llegó a la isla ondeando la bandera española y con personas inmigrantes.

Los miembros de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras identificaron a los 20 ciudadanos marroquíes y están en contacto con la Gendarmería Real de Marruecos para conocer si existe una denuncia de la sustracción de la embarcación.

Tragedia

La incertidumbre sobre el citado barco marroquí se ha apoderado no sólo las instituciones públicas sino de los vecinos de Gran Tarajal, que no quieren sufrir de nuevo las consecuencias del hundimiento en su muelle de nueve gabarras, hecho ocurrido el 28 de febrero de 2018 debido al temporal Emma.

Aquella tragedia se saldó con escapes de gasoil y otros materiales contaminantes que exigieron la activación de medidas de contención de emergencia y posteriores controles de calidad de las aguas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó el pasado 2026 que la empresa consignataria debe abonar 7,1 millones de euros en concepto de gastos públicos por la retirada y los daños causados en el puerto

La grave situación medioambiental provocada por los múltiples hundimientos en el muelle sureño determinó que se activara la emergencia y el Gobierno de Canarias se vio obligado a solicitar la colaboración de la Armada que trasladó hasta la isla majorera no solo al buque Tornado sino a la Unidad de Buceo para colaborar en la lucha contra la contaminación marina.