Un informe de la Guardia Civil concluye que el alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, concedió a su hijo una licencia para construir una casa ilegal en Los Arbejales, barrio del municipio en el que gobierna y en el que se levanta la edificación familiar investigada por el Juzgado de Instrucción 1 de Arucas.

Se trata de un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a petición del juez Juan José Suárez Ramos, que abrió diligencias de investigación el pasado mes de marzo tras admitir a trámite una querella presentada contra el alcalde por un concejal de la oposición.

Las conclusiones del Seprona, que lleva las pesquisas en colaboración con la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Las Palmas, ya están en el juzgado, por lo que el juez llamará a declarar como imputado al alcalde en próximas fechas, según las fuentes judiciales consultadas. También se le tomará declaración en los mismos términos a su hijo, Abundio Ramos Déniz, así como al arquitecto municipal Germán Alfredo Acosta Padrón. Los tres idearon un plan para dar "apariencia de legalidad" a la licencia, pues en el municipio estaba prohibido otorgar permisos de obras nuevas debido a que en ese momento se estaba tramitando la adaptación de las normas subsidiarias al Plan General de Ordenación. De ahí que la licencia concedida el 13 de enero de 2004 fuera para rehabilitar una casa antigua.

Sin embargo, el hijo del regidor, "en connivencia con el arquitecto", levantó una vivienda nueva a 200 metros de la casa que supuestamente iba a remozar. Dicho inmueble se ubica en la calle Los Martínez 22, en Los Arbejales, y en la actualidad se halla en el mismo estado de abandono que antaño. Por eso los investigadores consideran que se trataba de un plan encubierto para construir otro edificio y vulnerar la ley, pues sobre el Ayuntamiento pesaba la obligación de suspender la concesión de licencias de obra nueva hasta que se concluyera la adaptación del Plan General.

Además, el regidor donó a su hijo el terreno, unos 400 metros cuadrados, antes de firmar el polémico permiso de rehabilitación. Luego el arquitecto solicitó al Cabildo de Gran Canaria los certificados necesarios para remozar un inmueble de esas características, con más de 80 años de antigüedad.

Las fuentes consultadas añaden que se le tomará declaración al alcalde de Teror por un posible delito de prevaricación urbanística, al arquitecto municipal por falsedad documental, y al hijo del regidor por otro posible delito contra la ordenación del territorio.