"Un lío jurídico del carajo". Así resume uno de los mayores expertos de Canarias en carreteras la situación en la que han quedado dos grandes obras viarias que se están ejecutando en estos momentos en Gran Canaria: La IV fase de la Circunvalación de Las Palmas, pero sólo en su paso dentro del término municipal de Arucas, y la que ya prácticamente se está terminando de Pagador-Santa María de Guía.

El Tribunal Supremo, órgano que ya está resolviendo la caterva de apelaciones formuladas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo tras los sucesivos reveses al denominado Plan Territorial de Carreteras del Litoral Norte en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está desmantelando, sentencia a sentencia, el soporte jurídico que sostienen estas actuaciones viarias.

Todo a partir de un 'virus': la variante de Bañaderos. Las denuncias de los agricultores contra la intención de pasar por detrás del pueblo la carretera, donde se encuentran unos cultivos de plataneras, ha ido desarbolando durante 12 años los distintos planeamientos que daban encaje a estos proyectos hasta llegar a aniquilar el mismísimo Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria.

Pero hay uno en concreto, el citado Plan Territorial, que fue confeccionado a su vez tras ser fulminada la primera modificación que se realizó para dar cabida a la citada variante, que ha dado al traste con todo lo demás.

La sentencia, a principios de mes, del Alto Tribunal echándolo por tierra por la falta de un informe de impacto ambiental en el documento deja sin cobertura jurídica a la IV fase de la Circunvalación de Las Palmas, que une Tamaraceite con la carretera del Norte a la altura de Cardones, pero únicamente dentro del municipio de Arucas, porque la ciudad norteña no tiene un Plan de Ordenamiento que la contemple. En su parte de Las Palmas de Gran Canaria sí dispone de él. La otra 'pata coja' se encuentra en Pagador-Guía, ese gigante desdoblamiento que incluye la nueva pareja del puente de Silva. Carlos Sánchez, consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Aguas del Cabildo de Gran Canaria, afirma que la situación requiere de una nueva formulación y de la redacción de otro proyecto sobre lo ya realizado para dar la cobertura jurídica necesaria.

Pero, ¿qué puede pasar? En principio nada. Dado que el TS no manda parar, ni ordena desmantelar. Y a lo largo de los procesos constructivos de carreteras en Canarias esta situación no es precisamente novedosa. Cuestión distinta se podría generar si un particular afectado por alguna expropiación, o contrario en algún punto de sus recorridos, se adhiera a la parte demandante -que ha anunciado que no litigará salvo que se vuelva a insistir en la variante-, y se basara en esta indefensión para pleitear con el contratante, que es el Gobierno de Canarias.