Escepticismo puro y duro. A los vecinos de la playa de Ojos de Garza parece que ya no les mete el miedo en el cuerpo ni la más dura de las sentencias. Los propietarios de las 21 casas sobre las que pende una orden de demolición de la Demarcación de Costas recibieron ayer con indiferencia el fallo emitido en octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da carta blanca al derribo de la vivienda emplazada en el número 9 de la calle Dara.

Este inmueble, al borde del barranco y a menos de diez metros de la marea, pleiteó junto con otros 20 para frenar a la piqueta después de que Costas desestimase las alegaciones y los recursos de reposición interpuestos por los afectados, que no son más que una avanzadilla del total de 53 hogares que ocupan suelo de dominio público marítimo terrestre y que podrían verse afectados por la medida.

El fallo rechaza todos los planteamientos esgrimidos por la propietaria de la casa, y aunque en el barrio se da por hecho de que el resto de viviendas correrá la misma suerte, nadie da esta batalla con la administración por perdida. La principal baza a la que se agarran es el compromiso adquirido en julio de 2011 por el director general de Costas, Pedro Antonio Río, que aceptó una propuesta de convenio para que las casas desaparezcan una vez que sean reconstruidas tierra adentro en un plazo no superior a los doce años. En esos términos se expresaron Matías Vega, María Ramírez -dos de los 20 afectados- y Ángel Limiñana, quien recordó que llevan "toda una vida" luchando para evitar el quedarse sin casa. "Si quieren aplicar la ley a rajatabla, que empiecen por la zona del Náutico y le den la vuelta a la isla", apuntó.