Las negociaciones entre las administraciones implicadas en el proceso de aprobación del centro comercial que el Grupo Hermanos Domínguez quiere construir en Gáldar entraron ayer en conflicto abierto, tras la última reunión mantenida entre los alcaldes de la Mancomunidad del Norte y el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.

La construcción de una carretera que sustituya a la actual a su paso por la Vega de Gáldar, para dar cobijo a la infraestructura en la zona de La Longuera, es ahora el catalizador de un enfrentamiento que incluye al Cabildo, a la propia empresa y al Ejecutivo canario.

El pasado domingo en este periódico, en una entrevista realizada a Javier Puga, representante del grupo empresarial, se acusaba al Gobierno autónomo de frenar las iniciativas empresariales en Gran Canaria frente a Tenerife, o así al menos lo entendió Berriel, que calificó estas afirmaciones como una "inadmisible estrategia" y "contar verdades a medias".

El centro comercial que desde hace más de 20 años pretende colocar el grupo inversor canario en Gáldar tiene desde principios de año un nuevo escollo con esta vía dibujada en el Plan Insular de Ordenación, con el fin de que actúe como una barrera entre el suelo urbano y el agrícola. En una reunión posterior se acordó financiar la obra a partes iguales entre el Cabildo, el Gobierno y el grupo privado.

Ahora el Cabildo, institución que la propuso con el anterior grupo de gobierno, no la ve necesaria. Los promotores tampoco, pero el Gobierno sí exige cumplir: "Son los particulares", sentencia Domingo Berriel, "quienes han de adaptarse al planeamiento y no el plan a los intereses de unos pocos", en referencia a los promotores.

Además ahora también reconsidera ese acuerdo de financiación, que cree una "estrategia de Puga para que se pague con dinero público el traslado de una carretera", un argumento con el que, dice, trata "de evitar reclamaciones patrimoniales imprevistas contra las administraciones públicas".

Sin embargo, por parte del nuevo Cabildo la postura es otra. El consejero Carlos Sánchez, portavoz de la Corporación, anunció la semana pasada a este periódico que su grupo estaría dispuesto a suspender el plan, como se ha hecho con otras infraestructuras, para acelerar la construcción, apelando al momento de crisis, a una inversión de 70 millones de euros y la creación de cientos de puestos de trabajo.