Los constructores acusan al Gobierno de bloquear 858 millones en inversiones

Más de 850 millones de euros. Esa es la inversión privada que bloquea el Gobierno autónomo en Gran Canaria, la mayor parte en proyectos turísticos y comerciales en el sur de la isla. La patronal de la construcción aseguró ayer que las propuestas paralizadas desde hace varios años por el consejero regional de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel, suman ya un total de 858 millones de euros. De ellos, 780 millones corresponden a los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y los otros 78 millones al centro comercial del Grupo Hermanos Domínguez en Gáldar.

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas ofreció estos datos para acompañar sus denuncias contra la gestión de Berriel, al que responsabilizan del fracaso de la moratoria turística y de que únicamente dos de los 22 planes aprobados por el Gobierno regional pertenezcan a la isla de Gran Canaria.

Los cálculos de los constructores se han realizado en base a las inversiones previstas en muelles deportivos, campos de golf, rehabilitación hotelera y centros comerciales. Según la AECP, sólo en los puertos de Tauro, Meloneras y Bahía Feliz se han paralizado inversiones que suponen más de 300 millones de euros, algo más de 100 millones cada uno.

La asociación que preside María Salud Gil, que se ha sumado a las críticas de los principales grupos empresariales de la isla, "no admite el desprecio que viene mostrando sistemáticamente Domingo Berriel en sus contestaciones a las críticas empresariales". También rechaza que el consejero de Política Territorial "insinúe que los proyectos de Gran Canaria no salen porque incumplen el planeamiento".

Tras recordar que la Ley de Medidas Urgentes se "aprobó precisamente para salvar a los proyectos durmientes de la maraña del planeamiento mal entendido", la AECP aseguró que el Gobierno autónomo da un trato "diferente" a los empresarios de Gran Canaria. "Berriel muestra un desdén inaceptable hacia los empresarios grancanarios que no puede consentirse", añadió.