El proyecto de creación del gran parque comercial y de ocio que Urbagest perfiló en 2003 sobre dos de las parcelas municipales más grandes de La Mareta -la P-1 y la P-2, con casi 118.000 metros cuadrados- cobra vigencia.

La empresa confirmó ayer a este rotativo su "firme propósito" de desarrollar de una vez estas explanadas después de que una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya ratificado que la anulación de este concurso, ganado por esta compañía en mayo de 2003 frente al empresario Ambrosio Jiménez (Horneras), no fue legal.

Gómez del Castillo avanzó que la inversión final en estos terrenos, sobre los que posee el derecho de superficie (alquiler por un tiempo limitado) "será de entre 80 y 85 millones de euros". Con este dinero se edificarán dos grandes áreas bien diferenciadas: una relacionada con el mundo del hogar y otra con el de la moda.

De hecho, el inversor señaló que ya tiene un acuerdo cerrado con Ikea para que estos ocupen en el futuro 6.000 metros de uno de los solares -"con lo que el edificio que ahora construyen podría sumar en total 18.000 metros"- y que, en el otro caso, tiene conversaciones avanzadas con Zara para tal fin.

"El proyecto que hicimos en 2003, con tiendas, un hotel y un multicines, tiene que ser revisado porque en aquel momento no existía la competencia de Las Terrazas y El Mirador", apostilló el empresario, quien recalcó que el boceto definitivo de la distribución interior de los espacios de estas parcelas, a ambos lados del vial que conecta Alcampo con el parque de bomberos, "será una especie de mediana superficie y dependerá del acuerdo final que alcancemos con la Concejalía de Urbanismo en próximas reuniones".

Sea como fuere, apuntó que el nuevo complejo de ventas podría dar trabajo "a entre 800 y 1.000 personas" y que el mismo, pese a la situación económica, podría inaugurarse a finales de 2014 "si se cumplen nuestras estimaciones de comenzar los trabajos en septiembre del próximo año y estos se prolongan por un espacio de dos años".

Como se recordará, el primer intento para desarrollar estos terrenos, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Telde, tuvo lugar en mayo de 2003.

Cuando apenas faltaban tres días para las elecciones, el entonces alcalde Francisco Santiago (CC) adjudicó el derecho de superficie a la firma Urbagest, que se comprometía a invertir alrededor de 65 millones de euros en los equipamientos y entregar un canon de casi 15 millones de euros al consistorio. A cambio, la ciudad le cedía el uso de los terrenos por 65 años, pasados los cuales todo lo construido en este espacio pasaría a manos del consistorio.

Cambio de gobierno

Pero las urnas situaron entonces a PP y Ciuca al frente del gobierno y el acuerdo fue roto de forma unilateral porque, según explicó el entonces concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, Urbagest no había pagado un aval de casi 360.000 euros. El caso acabó en los tribunales e incluso con el estallido de Faycán, en 2006, el pacto de populares y federalistas elevó hasta la Fiscalía Anticorrupción el contrato al entender Reyes (que nunca dejó de denunciar que el suelo de había "malvendido") que el pliego de condiciones se había "amañado" entre los nacionalistas y Gómez del Castillo.

La batalla judicial, abierta en varios flancos y con acusaciones de todo tipo, se ha ido disipando con el paso de los años y la emisión de una retahíla de sentencias y recursos. Al final, el TSJC ha concluido ahora en que la adjudicación de 2003 fue legal.