Cada vez que en los medios de comunicación aparecen publicados porcentajes sobre el paro, y destacan el dramático dato que supone haber superado, en el conjunto estatal, el veinte por ciento de desocupación, me viene a la cabeza -y me la altera, como no podía ser de otra manera- el terrible cómputo que dicta que en Gran Canaria el mercado de trabajo está tan hundido que es más del treinta por ciento de su población activa la que está en el paro. Y si nos referimos a la población menor de treinta y cinco años los porcentajes se disparan hasta llegar casi al cincuenta por ciento.
Dándose como se dan circunstancias tan desfavorables para la inversión en cualquier ámbito y actividad -la desesperante falta de créditos desaconseja mover un solo dedo- me sorprende de modo más que favorable que existan empresarios, todos ellos grancanarios, que sigan dispuestos a invertir en su Isla. Tan agradable sorpresa -es cosa sabida lo muy poco que duran las alegrías en la casa del pobre- se trueca de inmediato en desazón cuando en la misma noticia uno queda informado de que el Gobierno de Canarias es quien está poniendo toda clase de trabas, dificultades e impedimentos para que las inversiones puedan avanzar y desarrollarse de acuerdo con los planes iniciales de estos grupos empresariales.
Hace unos días leía en este mismo diario las declaraciones de Sergio Alonso, presidente del grupo Domingo Alonso, en las que calificaba de "disparate" el bloqueo al que el Gobierno de Canarias tiene sometidos a sus proyectos. Un bloqueo, que más bien parece un sospechoso boicot, es el que está impidiendo desarrollar millonarias inversiones de grupos como Satocan, Lopesan, Hermanos Domínguez y Santana Cazorla.
No nos llamemos a engaño: la paralización de estas iniciativas empresariales con cualquier fútil pretexto supone un delito de lesa grancanariedad y un atentado contra el derecho que todo ciudadano tiene a desempeñar un puesto de trabajo, pero sobre todo se atenta contra los jóvenes que todavía no han encontrado siquiera su primer puesto de trabajo.
La denuncia que se hace de ese boicot no está hecha a humo de paja sino que está dirigida, con nombre, apellidos y cargo político, contra Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas y Política Territorial, al que se le hace responsable del frenazo a las inversiones en Gran Canaria. Se le acusa de ser un tiquismiquis, exigente hasta la hiperlegalidad, de cuantos proyectos llegan a sus manos, lo que traduce por otra manera de impedir que interesantes iniciativas para nuestra Isla puedan germinar y dar fruto.
Quienes piensen que el pleito insular ha sido superado por las dominantes circunstancias políticas, que incluyen la alternancia de la sede de la Presidencia, así como otras presuntas compensaciones entre las islas capitalinas insulares, se equivocan. Y continuarán estando equivocadas si no son capaces de abrir los ojos y los oídos para ver la realidad. Gran Canaria es preterida y marginada con cualquier excusa y pretexto. Ahora es Berriel quien hace el juego sucio, pero son muchos los que como él se prestan al juego sucio contra nuestra Isla.
El Gobierno de Canarias tiene en su mano la más contundente manera de desmentirme no con palabras sino con hechos. Proceda de inmediato a quitar todas las trabas, lastres e impedimentos contra estos proyectos empresariales, déles luz verde, y demuestre que gobierna para todas las islas.
