"Los planes irían como la seda con coordinación de los funcionarios"

- Es un dato espectacular que en los últimos cuatro años ningún municipio de la provincia de Las Palmas haya aprobado definitivamente su Plan General. Es una situación grave y la responsabilidad está muy compartida. El Ayuntamiento de Mogán tuvo mayoría absoluta en el anterior mandato y el de San Bartolomé un gobierno multitudinario, pero fueron incapaces de sacar un Plan General. Los empresarios alegan que el Gobierno autónomo pone trabas en Gran Canaria y no en Tenerife, pero la legislación y la Cotmac son exactamente iguales en un caso y en otro. No hay directrices para que los proyectos de aquí se paralicen y se les dé prioridad a los de otras islas. Eso es fácil de decir, pero no hay ningún ejemplo que lo confirme.

- Entonces, ¿cuál es el motivo del bloqueo de las inversiones en Gran Canaria?

- El mayor problema en esta isla es que los tribunales han ido anulando muchos planes generales, como los de Gáldar, Guía, Ingenio o Valsequillo, y también muchas determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria. Si las sentencias son ratificadas por el Tribunal Supremo vamos a tener un problema grave. Habría que preguntarse cómo es posible que con la misma legislación y la misma Cotmac, los planes de aquí se han anulado por la ausencia de evaluación ambiental y los de las demás islas salen adelante.

- ¿Son justificadas las denuncias de los empresarios?

- Se quejan de que hay muchos millones que no se pueden invertir, pero por qué no empiezan los empresarios por construir los hoteles que fueron declarados de interés general por el Parlamento. Hay un complejo hotelero del grupo Santana Cazorla en Tauro y otro de Lopesan en Meloneras. ¿Por qué no los ejecutan? Pues porque en muchas ocasiones los empresarios se mueven por tener una cartera de licencias, vender parcelas con licencias tiene más interés. ¿Por qué el Gobierno de Canarias no saca la lista de todos los hoteles que tienen autorizaciones y no se construyen?

- Las principales quejas se refieren a la maraña administrativa que encuentra cualquier inversor. ¿Cómo se pueden reducir los trámites y los plazos?

- En Canarias, la tramitación de los instrumentos de ordenación y la alteración del planeamiento es insufrible. En tiempos como éste, en que no hay grandes recursos económicos para obras, debemos invertir en masa gris para que cuando salgamos de la crisis ya tengamos los deberes hechos. Me ha gustado que Berriel diga que los equipos profesionales tienen que hacerse más responsables de los documentos que elaboran. Los planes municipales tienen tantas deficiencias que los informes de los técnicos del Cabildo y del Gobierno son enmiendas a la totalidad. Y luego hay una especie de solapamiento de normas que lo complica todo. Hacer un Plan Insular con tantas remisiones a futuros planes territoriales parciales y especiales es insufrible, pero eso no fue una decisión política, fue una decisión de carácter técnico. Yo creo que debe haber más coordinación entre los técnicos municipales, los del Cabildo y los del Gobierno canario. Es más, cuando se diseñó la ley se pensó en las comisiones de seguimiento de las tres administraciones. Los técnicos deben estar en contacto, discutir entre ellos todas las dudas, levantar actas y entonces la tramitación irá como la seda. Habría que preguntar por qué no se han creado esas comisiones.

- Cree entonces que una de las claves está en los técnicos y funcionarios.

- Los que hacen los informes negativos son los funcionarios, y en los tiempos actuales, algunos técnicos creen que satisfacen mejor el interés público diciendo que no. Deben trabajar coordinadamente y no creer que cada uno desde su atalaya puede hacer de arbitro. En tiempos de crisis, quien debe estar más a la altura somos los trabajadores públicos. El debate está es intenso, pero desenfocado. Después de más de una década de experiencia, hay que actualizar el marco normativo, pero aprovechando este totum revolutum cada uno está pidiendo lo que quiere, unos para minimizar la inversión que tienen que hacer y otros para cuestionar a la Cotmac.

- Aparte de las inversiones turísticas, hay otras de carácter comercial o industrial. ¿Tienen la misma solución?

- Respecto al centro comercial de Gáldar y el suelo urbanizable de Domingo Alonso, los dos casos que se han puesto como ejemplo, puede ser que los dos estén todavía encima de la mesa por la discusión sobre quién financia la infraestructura que es indispensable para que puedan funcionar los centros comerciales. Por ejemplo, cuando se clasificó Veneguera como suelo urbanizable, los promotores tenían que hacer la carretera. De hecho la hicieron y luego no pudieron hacer la urbanización. Las conexiones a los suelos urbanizables las tienen que hacer los promotores.