La magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Telde, Isabel Quintero, mantiene imputados desde hace semanas a dos de los portadores de fuego que participaron el 28 de septiembre en la Suelta del Perro Maldito de Valsequillo, evento que se suspendió tras un accidente que ha dejado un saldo de dos muertos y 31 heridos. La familia de la última finada, Lucía Díaz, figura personada como acusación particular en la causa.

La magistrada ha tomado esta medida para con los jóvenes A. J. P. R. y R. A. S., ambos vecinos del pueblo, tras tomarles declaración en noviembre y estudiar el atestado del puesto de la Guardia Civil de San Mateo, encargado de abrir una de las vías de investigación. En el documento, cuyo informe principal es del 11 de octubre y consta de tres páginas, se señala al Ayuntamiento de Valsequillo como el principal culpable de un "accidente fortuito" debido -entre otras cosas y siempre bajo el punto de vista de tres instructores de la Benemérita- a que no se articularon distintas medidas de seguridad necesarias y se apunta que los actores pudieron haber cometido un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones.

Además, la Guardia Civil recrimina al consistorio que en el espectáculo no se acordonasen pasillos para el tránsito de escupefuegos y portadores de llamas entre el público, que se diesen dificultades para el uso de una vía de evacuación y que en la confección de los trajes usados en la obra se usasen materiales inflamables. El Instituto Armado también alude a que la institución no tomó medidas para controlar el aforo -"lo que contribuyó a agravar el incidente, subraya- y recuerda en este documento, elaborado tras interrogar a más de 20 personas, que obtuvo imágenes para analizar lo ocurrido. En la misma línea de intentar clarificar lo sucedido, la Guardia Civil ha pedido un informe a Criminalística para conocer la calidad de los materiales de los trajes de la Suelta. Esta pericial, según fuentes judiciales, aún no ha llegado a Telde. El informe fue solicitado después de que los responsables de Tembrujo, la empresa encargada de elaborar parte del vestuario, dijesen a los investigadores que el traje El Gigante -que era el que portaba Néstor Rodríguez y que se convirtió en una bola de fuego- se había elaborado en otro año y tan sólo había sido objeto de una "restauración" por su parte.

La Guardia Civil apunta en sus conclusiones que tuvo que pedir autorización al juez para que en el Hospital Doctor Negrín les facilitasen datos de los heridos.