El catálogo de prestaciones que reciben los habitantes con menos recursos de los distintos municipios de la Isla es extenso y heterogéneo. La ayuda de los ayuntamientos va desde el pago de la luz, agua, hipoteca y alquiler de la vivienda, reparto de bolsas con presentes navideños, cheques de higiene, vales para la compra de alimentos, dentista, ropa, libros escolares y gafas para niños, hasta la compra de productos farmacéuticos, transporte, masajista, visita al spa o la atención domiciliaria. Esto se consigue con mucho dinero y, en ocasiones, recurriendo a campañas solidarias de recaudación.

Muchas familias están pasando auténticas penurias. Y la situación se sigue complicando. Tanto, que hasta el perfil de las personas que tocan a la puerta de las oficinas municipales ha cambiado, con la presencia de antiguos profesionales y persona de clase media que cayeron en el paro y no encuentran forma de salir del pozo.

En los casos más extremos, los alcaldes reparten vales para comprar productos básicos.

En unas ocasiones con recursos propios y también con la colaboración de organizaciones como Cáritas, el Banco de Alimentos y las obras sociales de entidades.

Teror fija tres compras al año, pero con contraprestaciones, "para que entiendan que no se da por dar", señala la concejala de Servicios Sociales, Tewise Ortega. "Estoy muy orgulloso de las ayudas que estamos prestando a las familias". A pesar del elevado nivel de paro, el alcalde de Agaete, Antonio Calcines, recalca que la villa está haciendo un gran esfuerzo hacia el colectivo más necesitado, y "hemos quitado gastos superfluos. Estos programas incluyen visitar spas, reparto de bolsas con regalos navideños y 60.000 euros en cheques-higiene.

El alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, afirma que están logrando mantener la el presupuesto para el área, con una partida de un millón del Cabildo. Además, apunta que cuatro proyectos de empleo garantizarán 70 contratos. "No tenemos los niveles de angustia de otros municipales", aclara, aunque la demanda crece.

Y el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, apunta que la actividad asistencial de la localidad está garantizada, aunque el perfil de los peticionarios de ayudas ha cambiado. Frente a los casos tradicionales, ahora existen más casos de personas de la antigua clase media que se han quedado sin empleo y se encuentran de frente sin dinero para afrontar los pagos inmediatos. Tan sólo señala que no van a recibir financiación para la rehabilitación de vivienda, y está pendiente el programa de igualdad, porque el resto depende directamente del Gobierno.

El alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia, añade que está logrando mantener los servicios, salvando con sus propios recursos el recorte de otras instituciones. Eso sí, el campo ha servido de nuevo para paliar muchas penurias.

Una visión de la realidad rural compartida por la alcaldesa de Artenara, Eva Díaz.

Francisco Santana, alcalde Mogán, admite que han tenido que echar mano a remanentes y otras partidas para poder atender los muchos servicios básicos que venían prestando.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales de San Bartolomé de Tirajana, Roberto Martel, admite que aún están planificando el área para el nuevo año, debido al elevado coste laboral con el que se han encontrado. Y espera que lleguen las subvenciones para poder sufragar las prestaciones básicas.