El Ayuntamiento de Telde podría verse en la obligación de pagar una deuda de más de 200.000 euros al interventor Enrique Orts después de que los tribunales declarasen de manera definitiva, hace ya casi dos años, que su suspensión temporal de empleo y sueldo se produjo "sin base legal alguna".
El citado importe es el resultado de la suma de las cantidades que el habilitado nacional, reincorporado desde hace casi un año a su puesto, dejó de percibir tras la decisión del pacto anterior, comandado por Francisco Santiago (NC), de apartarlo cautelarmente de su sillón aduciendo que su trabajo podría suponer un "grave riesgo para la ciudad". Esta teoría se asentaba en el hecho de que Orts se hallaba imputado en el caso Faycán, pero lo cierto es que los tribunales concluyeron que el veto que sufrió el funcionario no se ajustó a derecho.
El director de gobierno de Hacienda, Darío López (PP), fue quien ayer desveló este hecho para cargar las tintas contra el anterior gobierno de NC, el PSOE y el CCN. "Si este empleado público pidiera la ejecución de sentencia no nos quedaría otra opción que pagar ese dinero, pero hasta el momento no lo ha reclamado y me ha comunicado que no piensa hacerlo por la delicada situación económica que atraviesa este ayuntamiento", avisó tras reprochar a los nacionalistas su gestión.
Fuentes cercanas al interventor, que tiene 67 años y debería jubilarse en enero de 2015, confirmaron estos extremos, si bien aclararon que la postura del mismo es la de no solicitar "por el momento" el abono del dinero que por ley le corresponde.
