¿El Estado autonómico ha perjudicado a los cabildos?

La apuesta del Estatuto de Autonomía es muy clara, es decir, fortalece los cabildos y los configura como corporaciones locales, como eran desde 1912 y, además, le añade el carácter de instituciones de la Comunidad Autónoma. El legislador estatutario trata de apostar por una administración descentralizada que tiene como punto de referencia a los cabildos. Otra cosa son los procesos de descentralización que se han llevado a cabo hasta ahora, que han trasladado muchas competencias a los cabildos pero también han planteado problemas a la hora de delimitar las funciones de la Comunidad Autónoma y de las corporaciones insulares. Éste es un problema que todavía no se ha resuelto.

¿El hecho de que no tengan capacidad recaudatoria en una situación de crisis como la actual cuestiona su papel?

Esta situación no pone en cuestión la validez del cabildo insular como órgano imprescindible para la vida de Canarias. Es un disparate pretender eliminar los cabildos ya que nuestro abuelos lucharon mucho por establecer este sistema y ha demostrado a lo largo de cien años que no ha sido un error sino, todo lo contrario, un éxito. Aunque estemos pasando por una etapa de enormes dificultades económicas, eso no dice nada sobre la validez de los cabildos porque son esenciales para Canarias. No somos iguales a otras comunidades y se necesita una organización que responda a las particulares condiciones y problemas.

¿Cómo se pueden adaptar los cabildos insulares al nuevo escenario de reorganización administrativa que se plantea en Canarias por la crisis actual?

Los cabildos tienen que redefinir su papel y aclarar algunas cuestiones y competencias, sobre todo de cara al ciudadano. La lentitud administrativa es una crítica que se puede hacer a los cabildos, pero también a los ayuntamientos y a la Comunidad Autónoma. La mala técnica legislativa ha redundado en la ineficacia y asuntos como el planeamiento urbanístico y territorial no dan seguridad jurídica alguna a los ciudadanos y empresarios. Es un tema tan complicado que genera corrupción.

¿Cree que hay que cambiar la actual Ley de Cabildos?

Es una cantinela de los partidos que estaría bien si se supiese en qué sentido iría el cambio. Es necesario saber hacia dónde vamos, en esta etapa de crisis tan galopante hay dirigentes políticos determinados y partidos de ámbito nacional que apuestan por eliminar a los cabildos. En el otro extremo se encuentran las tesis políticas insularistas que piden que los cabildos asuman más competencias, pero habría que valorar los problemas que acarrearía esta descentralización tan profunda porque no todos los cabildos son iguales ni tienen la misma capacidad.

(*) Manuel J. Sarmiento Acosta - Profesor titular de Derecho Administrativo de la ULPGC