Tres informes de una auditoría interna del Cabildo de Gran Canaria revelan un "caos" contable en la gestión y control de los 30 millones de euros anuales destinados a políticas sociales. El descontrol económico se ha descubierto tras la elaboración de tres estudios independientes firmados por los técnicos de la Asesoría Jurídica, la jefatura de Servicios Sociales y el propio servicio de intervención del Cabildo, presidido por José Miguel Bravo de Laguna. El propio presidente se ha encargado de promover esta investigación para disponer de un control más exhaustivo y riguroso del servicio, verificar la veracidad de la información interna disponible sobre los centros y beneficiados por las políticas sociales y comprobar el patrimonio disponible y la eficacia y eficiencia en la distribución de las partidas económicas.

Las conclusiones de las tres auditorías muestran graves anomalías contables y de gestión, irregularidades en los pagos de servicios y desequilibrios entre el abono de las partidas previstas y los beneficiarios reales de estas ayudas sociales que otorga el Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo no dispone de un control fiable sobre los fondos destinados a las políticas sociales ni un inventario de los bienes almacenados. Se abonan plazas en residencias o centros que no están ocupadas o se paga el doble de lo fijado en el convenio.

Como consecuencia de la falta de control interno la Consejería de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria gastó dos millones de euros en financiar plazas de acogida de menores que estuvieron desocupadas. Esta es una de las conclusiones que aparecen en los informes solicitados por el gobierno del Cabildo para la ordenación de los servicios sociales y sus competencias, un departamento controlado ahora por Rosa Rodríguez, quien sustituyó a Francisco Santana, ambos del PP, en la remodelación del Gobierno acordada por el presidente del Cabildo hace tres semanas.

Desde la llegada de Bravo de Laguna a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria se sospechó que el funcionamiento económico de la Consejería de Política Social no era el más adecuado, por lo que se sometió al plan de auditorias de la Intervención General del máximo organismo de gobierno en la Isla. Una inspección que ha llevado también a intervenir a la asesoría jurídica. Todos estos informes evidencian el mal funcionamiento del departamento y concluyen con la existencia de un "caos absoluto" en un área que gestiona más de 30 millones de euros para atender los servicios sociales, en especial para la acogida de menores y mujeres maltratadas. La atención a la tercera edad y la dependencia, con un gasto de 80 millones, pertenece al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo.

Los informes internos sobre el funcionamiento de los centros de menores y mujeres concluyen que "la gestión en gastos corrientes es ineficaz e ineficiente" y detallan varios casos concretos en lo que no se controlan las existencias almacenadas ni se realizan inventarios. La intervención del Cabildo advierte que "no se controlan los fondos en metálico" ni las plazas ocupadas en residencias y centros.

El propio jefe del servicio administrativo admite incluso que "la red de acogimiento de menores está hiperdimensionada". Los centros propios de la institución insular están ocupados en menos de la mitad de sus plazas. El cúmulo de irregularidades es de tal gravedad que el coste medio por plaza en los centros de acogida del Cabildo "es más del doble" del coste de una plaza en las entidades concertadas. Los centros con más plazas para atender a los menores están en Telde, Tafira y Las Canteras, aunque hay instalaciones más pequeñas en otros municipios de la Isla.

En los centros de menores que mantienen convenios de financiación o conciertos el Cabildo ha detectado, "debido al sistema implantado en la legislatura anterior", cuando gobernó el Partido Socialista y Nueva Canarias, diferencias entre las estancias de cada niño por día reales y las abonadas. En los informes se recoge que estas diferencias obligaron al pago "de más de dos millones de euros por plazas verdaderamente desocupadas".

Los responsables de intervención del Cabildo, ante las anomalías descubiertas, proponen revisar los convenios con todos los centros concertados. Algunos técnicos plantean sustituir los acuerdos por contratos directos. La investigación revela además que las plazas de menores convenidas están por encima de las realmente ocupadas.

"Tampoco existe control de las plazas realmente ocupadas", se constata en las conclusiones a las que ha tenido acceso este diario. Entre las medidas que tomará la consejería de Servicio Sociales dirigida por Rosa Rodríguez está realizar un registro de los menores alojados en los centros.

El análisis de las cuentas con los centros concertados, tanto de mujeres como de menores, también refleja que "no se han justificado totalmente las subvenciones". Política Social ha tenido numerosas discrepancias en cuanto a su gestión con las consejerías responsables del control económico y jurídico ya que un servicio que gestiona 30 millones de euros carecía de profesionales auditores o técnicos con formación económica. La nueva estructura de Política Social incorporará técnicos especializados en gestión económica.