Cerveza o copa de vino en mano y charloteo durante horas con los vecinos del barrio en el local social. Este dejará de ser dentro de poco el plan de los miembros de las asociaciones vecinales del municipio. Un cambio radical en la vida de estos colectivos que viene impuesto por la decisión del Ayuntamiento de Telde de reducir la imagen de las cantinas a cero. "No se puede convertir las asociaciones de vecinos en bares", argumenta Francisco López, concejal de Patrimonio Municipal, amparado por la nueva ordenanza que regula el uso, la gestión y la cesión temporal de los inmuebles públicos municipales.
La normativa, aprobada definitivamente en el último pleno, marca unas pautas claras: no se podrá realizar ningún tipo de actividad lucrativa dentro de los espacios de propiedad municipal. Ni tomar unas tapas, ni contratar a un monitor que enseñe bailes de salón, ni ninguna actividad que reporte beneficio económico estarán al alcance de estos colectivos, que hasta el momento veían en ellas una alternativa de financiación para ayudar a sobrevivir al movimiento vecinal.
Ejemplo de ello es la asociación de Lomo los Frailes, nacida hace unos 20 años. Su presidente, Esteban Betancor, está al día de lo que le espera a la cantina de su local social, a pesar de que asegura que todavía nadie le ha notificado el cierre. "Lo nuestro no es una cantina en sí, ya que disponemos tan solo de una barra de no más de dos metros y con lo poco que sacamos de ella apenas nos llega para pagar parte de los gastos mensuales que se generan", comenta.
Y es que, a pesar de que están contentos con lo que tienen, Betancor es franco con la lapidante realidad cuando asevera que "si cierran la cantina se cerrará también la asociación, ya que como este es un barrio pequeño acordamos no cobrarles a los vecinos por usar las instalaciones". Pena a la que el veterano presiente le añade el hecho de "llevar toda la vida luchando por el barrio para recibir este premio del Ayuntamiento, el cual ni siquiera ha cumplido con su promesa de ayudarnos a modernizar y remodelar nuestro local".
La ordenanza también se materializará en el colectivo de Valdemontes de La Montañeta del Calero. Su dirigente, Paz Monzón, se manifiesta "totalmente a favor de la regulación", aunque rechaza por completo el hecho de que se acabe con el "lugar de encuentro", sobre todo para los mayores, que supone la cafetería de su edificio. Al igual que en Lomo los Frailes, los de Valdemontes cubren en una mínima parte los gastos de luz, agua y seguros con las ventas del café.
A pesar de que no hay marcha atrás en la decisión del tripartito (PP, Ciuca y CC) y que por ello "los proyectos que teníamos en mente van a quedar a un lado, ya que la gente está muy desmoralizada", la presidenta revela su clara intención de "seguir en la lucha para que no acaben con los movimientos vecinales, ya que esta normativa es ridícula".
Lo principal es salvaguardar los espacios y las actividades para disfrute de los socios, de ahí que Monzón y su compañera Mayca Caballero, presidenta de la asociación vecinal de Casas Nuevas, presenten una fuerte preocupación ante la posibilidad de tener que subir las cuotas para seguir existiendo. "Si elevamos la tarifa nos restaría muchos socios debido a su situación económica", detalla Caballero.
La dirigente de Valdecasas explica cómo además de ser el lugar de reunión para muchas personas y de ayudar a solventar en corta medida los gastos del colectivo, la cantina favorece a que se cumpla la ordenanza interna en la que se obliga a tener abiertas las instalaciones un número de horas mínimas. "Son las propios socios, en concreto tres familias a las que a través de adjudicación interna se les ha cedido temporalmente la cantina, las que se encargan de abrir y cerrar, así como de mantener en perfecto estado de limpieza las zonas comunes. Por no olvidar, los cantineros están trabajando para poder sacar adelante a sus familias".
Todo un referente vecinal, las cantinas no serán las únicas que se vean afectadas por la nueva ordenanza reguladora de los edificios públicos. También los clubes deportivos, ya que como indica Leo Hernández, presidente de la Federación del Faycanato, "tiene que haber un trato igualitario con todo el patrimonio municipal". Esta idea también la defienden exacerbadamente los ya citados cabezas visibles de los colectivos.
"Nos hemos reunido todas las asociaciones y entidades ciudadanas, ya que esto no afecta solo a las cantinas sino a todas las actividades que realicemos y si no nos permiten ningún tipo de entrada económica buscándonos nosotros la vida, ¿cómo mantenemos los locales? Porque la participación de la gente en temas de ocio ahora depende mucho de lo que puedan pagar". Por ello, apostilla que presentaron alegaciones a las que tan solo han obtenido como respuesta el dictamen, apoyado en la ley, de un agente jurídico. "Lo ideal es sentarse y reunirse para buscar soluciones, pero aquí lo que quieren es imponer las cosas y acabar con el movimiento asociativo, porque si este muere la Administración podrá seguir haciendo lo que le dé la gana sin que nadie lo cuestione".
Casi todos coinciden en esta postura, a pesar de que algunos optan por no hablar. Es el caso de los directivos de las asociaciones de Marpequeña y El Ejido, que no quisieron hacer declaraciones cuando este periódico contactó con ellos. "Divide y vencerás, por eso estamos siempre los mismos guerrilleros en la calle, mientras otros agachan la cabeza y no tienen problemas", opina Hernández, mientras el consistorio lo niega en rotundo. "Se trata de compartir los locales con los colectivos que lo soliciten", declara el edil de Patrimonio Municipal. Él también es firme cuando atestigua que "expusieron la medida en todos los distritos y que además hay muchas asociaciones que funcionan sin cantinas".
Sin acuerdos ni soluciones a la vista solo queda esperar al desarrollo de los acontecimientos y empezar a buscar alternativas. Ya que sea como fuere, todo parece indicar que, dadas sus limitaciones económicas, los colectivos se van a ver en breve ahogados por la ley seca.
