El grupo de gobierno anterior, con Francisco Santiago (NC) al frente, perdonó el pago de un millón de euros en concepto de plusvalías a los promotores del mesón Cinco Jotas, el campo de prácticas (pitch and putt) y el hotel previsto junto a las instalaciones del campo de golf de El Cortijo. Esa es al menos la teoría que, documentación en mano, defiende el actual pacto que el PP, Ciuca y Coalición Canaria mantienen en el Ayuntamiento de Telde.
La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este martes un informe elaborado por el actual jefe de los servicios de Urbanismo, José Luis Mena, en el que se alerta de las "irregularidades" detectadas en el desarrollo de un convenio urbanístico firmado en marzo de 2003 por el exalcalde Francisco Santiago, usuario de honor del campo de golf de El Cortijo, y los dueños de la entidad mercantil Compañía Insular de Exportación -promotores de los establecimientos arriba reseñados- y, al tiempo, se sugiere la remisión del mismo a los juzgados por entender que podrían haberse cometido "delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el grave quebranto económico causado a las arcas municipales".
Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, el convenio en cuestión dictaminaba la participación del Ayuntamiento en las plusvalías derivadas de los usos establecidos en el Plan General para la pieza de suelo denominada El Cortijo Golf Center.
En ella se habían previsto el restaurante, el campo de prácticas y el hotel de 150 habitaciones y cuatro estrellas. Los cálculos hechos por los técnicos municipales concluyeron que la ciudad debía recibir en concepto de aprovechamiento urbanístico 906.181 euros.
Pero este dinero no se exigió en aquel momento, sino infructuosamente en 2007, y hasta el propio Santiago solicitó en julio de 2010 un informe al arquitecto Jesús Álvarez para que le actualizase el importe de la monetarización.
Edificio sin hacer
El redactor del Plan General revisó el documento y fijó el dinero que la Compañía Insular de Exportación debía darle a la institución local en poco más de un millón de euros (1.000.760) pese a que el hotel finalmente no se había edificado al no conseguir sus impulsores la ayuda privada de otros socios.
En ese documento, que consta de nueve páginas, el experto recordaba que, aunque se habían cumplido los plazos que estipula la Ley y la norma para ejecutar la edificación permitida en el PGO, se requería a la mercantil para que efectuase "las condiciones del pacto suscrito" y abonase las cantidades convenidas de acuerdo con las fórmulas que considerase la recaudación municipal, independientemente de la exigencia legal de ejecutar la edificación prevista en el citado convenio de acuerdo con las determinaciones del Plan.
El caso es que el pacto anterior, con Francisco Santiago al frente de la Alcaldía y José Antonio Perera (PSOE) llevando las riendas del área de Urbanismo, nunca llegó a notificar por escrito a los particulares esta última resolución, por lo que las plusvalías no acabaron en las arcas locales.
Esta circunstancia ha llevado ahora a Mena a poner estos hechos en conocimiento de la Junta.
