Ildefonso Jiménez, exedil de Urbanismo, y su asesor, Juan Manuel Cabrera, imputados en el caso Alisios por presunta prevaricación urbanística, declararon ayer en el Juzgado de lo Penal número dos de Las Palmas de Gran Canaria, ante la magistrada Mónica Oliva, durante la vista oral. En su interrogatorio negaron trato de favor en el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad de las cuatro viviendas de la urbanización Los Alisios de La Garita, puesto que alegó el exedil que no conocía a sus propietarios, entre los que se encontraba el exsenador por Coalición Canaria (CC) José Mendoza. Jiménez afirmó que las licencias estaban a nombre del promotor de la obra. Ambos acusados sostuvieron que la máxima responsabilidad en la tramitación de expedientes era del jefe de servicio, José Luis Mena.

Este expediente, junto al de otro particular al que no se exigió subsanar los errores de "exceso de edificabilidad", iniciados en 2002, sentaron ayer a ambos representantes públicos en el banquillo, tras una denuncia formulada en 2006 por la junta de gobierno local [integrada entonces por PP y Ciuca], que se retiró del proceso en 2007 cuando Nueva Canarias (NC) volvió al gobierno municipal. Esto supuso que se personara como acción popular el actual primer teniente de alcalde de Telde, Guillermo Reyes (Ciuca).

Por estos hechos, según informa el periódico digital Teldeahora, el Ministerio Fiscal solicita un año y seis meses de cárcel para el exedil de NC y tres años para su asesor, ya que los expedientes contaban presuntamente con informe negativo tanto del técnico de la institución local como del jefe de servicio, José Luis Mena, que, además, era el responsable jurídico del área.

El abogado de la defensa, José María Guerra, solicitó la suspensión de la vista al haber un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Telde contra el jefe de servicio de Urbanismo por presunta falsificación documental, petición rechazada por el fiscal y el letrado de la acusación y desestimada por la jueza, ya que no lo cree relevante para el enjuiciamiento de esta causa penal.

El primero en declarar fue Ildefonso Jiménez, quien reconoció haber tenido competencias en Urbanismo en esa época, pero explicó que las cédulas de habitabilidad se otorgaban al promotor para que las diese a los particulares una vez finalizado el proceso, hecho por el que manifestó desconocer quiénes iban a vivir en la urbanización, donde reside el exsenador José Mendoza. Apuntó que firmaba los decretos atendiendo a la propuesta de resolución si no había informes desfavorables, ya que, señaló Jiménez, "es imposible leer todo el expediente" y "a mí no me corresponde leerlo, sólo saber que está correcto", aunque añadió que no era "anormal" que en un proceso tramitador hubiese un informe negativo.

Asimismo, expuso que no tenía conocimientos específicos de la materia porque es profesor de escuela, y si el expediente está mal "lo saben los técnicos", y ellos son los que entienden, argumentó. Es más, recordó que él no tramitaba expedientes y que la responsabilidad máxima era del jefe de servicio, quién repartía el trabajo en la Concejalía, puesto que "mi responsabilidad como concejal de Urbanismo se centraba en el desarrollo del proyecto político que se presentó a los electores". Jiménez, según informa Teldeahora, que al igual que su asesor no contestó las preguntas del abogado de la acusación, respondió que los cuatro decretos que se enjuician tenían "informe favorable", firmados por el jefe de servicio, José Luis Mena, y denunció que "sin duda" cree que se han llevado documentos del expediente. Por su parte, Juan Manuel Cabrera negó tramitar expedientes, aunque reconoció que lo había tenido a la vista porque en algunos aparece su letra en la numeración de éstos.

El representante de la acción popular, Guillermo Reyes, justificó la querella presentada en 2006 como parte de su responsabilidad pública, aunque recordó que fue puesta por la junta de gobierno. Dijo que en ese año tras una petición de un particular, el jefe de servicio le informó de que había una cédula de habitabilidad con informe negativo que se había otorgado y por eso se denunciaba, ya que todos los informes sobre esta causa eran "negativos e ilegalizables".

El jefe de Urbanismo, que declaró como testigo, afirmó que el informe técnico era "no favorable e ilegalizable", por lo que es "imposible que haya firmado una célula de habitabilidad porque había informe desfavorable". Mena añadió que los informes pasaban por el asesor de Jiménez y que éste le había comentado que una de las viviendas pertenecía a José Mendoza, pero reconoció que le advirtió que el informe ya estaba trasladado y había que subsanar errores. Mena comentó que firmó los traslados, aunque no consta notificación a los afectados, sólo a uno de los propietarios, aunque dijo que es un solo proyecto y por tanto hay un único titular. Es un procedimiento reglado, que rellenan los auxiliares, explicó Mena, quién añadió que en sus 12 años como jefe de servicio era la primera vez que un edil rellenaba las cédulas de habitabilidad. También dijo que emitió informes negativos y que luego no supo más de los expedientes.