El juicio del caso Los Alisios -por el que se dilucida si el exconcejal de Urbanismo de Telde, Ildefonso Jiménez (NC) y su asesor, Juan Manuel Cabrera, incurrieron en un delito de prevaricación urbanística y usurpación de funciones al otorgar cédulas de habitabilidad a cinco viviendas de La Garita pese a haber informes técnicos desfavorables- quedó ayer visto para sentencia después de otra sesión de cinco horas durante las que desfilaron 20 testigos por el Juzgado de Lo Penal número 2 de la capital grancanaria.

Una de esas personas fue José Mendoza, exsenador y compañero de partido de Jiménez, quien aún siendo propietario de uno de los cuatro chalés ubicados en la calle Magarza del citado barrio negó a la jueza Mónica Oliva que desde el consistorio se le notificase que una parte de su casa era ilegal. "Nunca nadie me dijo que tuviera deficiencias a subsanar y no recuerdo que ningún técnico fuese a mi casa", alegó el exconsejero regional de Educación durante una vista oral en la que la cuestión principal -saber cómo se tramitó un expediente con informes técnicos desfavorables por excesos de edificabilidad de dos metros en una de las fachadas de las cuatro casas- casi que pasó a un segundo plano al asegurar Mendoza y sus otros tres vecinos (Luis Betancor, Damián Polo y Gilberto Pérez) que a ninguno de ellos nadie les notificó que la construcción era "ilegalizable" y que tenían que demoler una parte de los frontis para recibir las cédulas de habitabilidad, imprescindible para poder enganchar el agua y la luz.

Mendoza reconoció que él había pedido el reconocimiento final de obra, si bien era su cuñado -Luis Betancor, otro de los testigos- el que habitualmente llevaba el papeleo. El exsenador, que se enteró "por la prensa" de la polémica suscitada, tampoco pudo aclarar al tribunal quién le dio estos documentos. Y tampoco los otros afectados.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular -ejercida por el edil Guillermo Reyes a través de su hijo Daniel- intentaron demostrar que existió un trato de favor por parte de Jiménez y Cabrera hacia los dueños de las casas, a las que se unió otro expediente, el de la vivienda que otro particular, Agustín Naranjo, tenía en Los Alisios.

Este último, por contra, sí reconoció que le comunicaron su infracción, algo ante lo que, según su tesis, presentó una alegación que nunca fue contestada. En los cinco casos, los excesos de edificabilidad no han sido subsanados.

Periciales caligráficas

La defensa, ejercida por José María Guerra, pidió la absolución para sus clientes y centró su alegato final en demostrar que el expediente de Los Alisios fue manipulado por el jefe de servicio de Urbanismo, José Luis Mena, al colar un informe jurídico desfavorable que presuntamente sería falso, ya que este tenía fecha de 2002 y, según las dos periciales realizadas, una de ellas por la Guardia Civil, pudo haber sido impreso y firmado en 2005. También aludió al historial de Mena al recordar que el fiscal anticorrupción pide ahora para él ocho años de cárcel por su implicación en la pieza separada del Grupo Europa dentro del caso Faycán por la presunta comisión de delitos de cohecho y falsedad, entre otros.

Con buena parte de la vista oral centrada en saber la forma en la que se tramitó el expediente y el papel desempeñado por Cabrera, la Fiscalía mantuvo su petición para Jiménez -18 meses de cárcel y una inhabilitación de diez años- y su exasesor -dos años-. A esta petición se adhirió la acusación popular tras rebajar sus pretensiones iniciales enfatizando el hecho de que las cédulas de habitabilidad "se entregaron clandestinamente".