El culebrón de las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta no termina. Julián Gómez del Castillo, representante de la empresa Urbagest, adjudicataria en 2003 del derecho de superficie (alquiler) de las explanadas, ha vuelto a recurrir a los tribunales para intentar acceder a estos solares, por los que mantiene un litigio con el consistorio que dura ya ocho años. El promotor acusa esta vez a la alcaldesa, María del Carmen Castellano, y a su concejal de Urbanismo, Francisco López, de cometer los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y falsedad documental al "no cumplir" -siempre según su versión- la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de septiembre de 2011 que dictamina no ajustado a derecho la anulación del concurso, acaecida en noviembre de 2003.
En el escrito presentado por Urbagest en el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de la capital, el afectado explica que las acciones llevadas a cabo por el consistorio para recuperar la parcela de 6.500 metros cuadrados segregada de la P-1 y vendida en 2005 a Ambrosio Jiménez (Promociones Horneras) vulneran la legislación vigente. Gómez sostiene que el pago de 13,24 millones de euros hecho a Horneras el 31 de mayo, atendiendo a un acuerdo plenario del 23 de diciembre de 2011, no debió de efectuarse porque una sentencia dictada una semana antes, el 24 de mayo, anulaba esa sesión al no convocarse de forma correcta a los grupos de la oposición.
Gómez destaca que la escritura pública de los terrenos se realizó y formalizó cuando el pleno y sus acuerdos no existían, "por lo que dichos actos carecen de cobertura legal". Así, denuncia que el Ayuntamiento no presentó esta escritura en el Registro de la Propiedad hasta el 9 de septiembre, justo al día hábil siguiente de la celebración de otro pleno, el del viernes 7 de septiembre, en el que se intentó subsanar el error de la sesión del 23 de diciembre. También advierte de que el concejal de Urbanismo, Francisco López, "firmó la escritura en nombre del Ayuntamiento sin poderes para ello". El representante de Urbagest concluye que esa formalización de escritura podría ser constitutiva de prevaricación y, al tiempo, cree que existe un delito de falsedad en documento público ya que pago a Horneras suponía la anulación y rescisión de la compraventa del trozo de la parcela segregado en 2005 "y un acto anulado, como es este, no es anulable porque ya no existe", reza en el documento de ocho páginas al que ha tenido acceso este medio en fuentes judiciales.
Urbagest concluye su escrito sosteniendo que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a la sentencia de mayo que anula el pleno de diciembre y lo acusa de incumplir también la de 2004. "Desde la fecha de adjudicación del concurso se han producido siete sentencias firmes, de las que ninguna ha sido favorable al consistorio", recalca.
En esa línea, lamenta el daño causado a sus intereses y a los ciudadanos de Telde al impedir el desarrollo de un proyecto, el suyo, que preveía la creación de 1.500 puestos de trabajo y el pago a las arcas municipales de 16 millones de euros como contraprestación del derecho de superficie en concepto de canon. "El Ayuntamiento puede seguir manteniendo su actitud de desobediencia, pero esta parte tendrá que desistir en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva por no poder financiarla", zanja.
Solicitudes
Z Sentencias y anulaciones
Ejecución forzosa
Urbagest quiere que el juzgado declare el incumplimiento de la sentencia refrendada por el TSJC en 2011 que obligaba a poner a su disposición las parcelas P-1 y P-2, ambas de 114.000 metros y emplazadas entre Alcampo y el parque de bomberos. También insta al cumplimiento forzoso mediante la adopción de acuerdos en un pleno.
Titularidad de la finca
En relación a la finca segregada de la parcela matriz, exige que el Registro de la Propiedad proceda a anular el cambio de titularidad "por ser nula la escritura que ha dado lugar a dicho cambio".
Z Cargos públicos
Multa para Mena
Gómez reivindica una multa para el jefe de servicio de Urbanismo, José Luis Mena, por ser "el responsable del expediente".
Que declare Castellano
A la alcaldesa María del Carmen Castellano la considera "responsable máximo del cumplimiento de las sentencias". Por eso reclama que se le tome declaración por si ha cometido un delito de desobediencia (artículo 410 del Código Penal).
Y también López
Por último, sostiene que el edil de Urbanismo, Francisco López, ha prevaricado y falseado documentación. Solicita su imputación por la forma de tramitar el expediente.
