El Consejo Consultivo de Canarias responsabiliza al Ayuntamiento de Valsequillo del accidente ocurrido en septiembre del año pasado con motivo de la celebración de la Suelta del Perro Maldito, que ocasionó dos muertes y una treintena de heridos, y pide más de medio millón de euros en indemnizaciones para los familiares de las dos fallecidas.

El Consejo se ha pronunciado tras la petición hecha por el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, para dirimir la responsabilidad patrimonial por los daños padecidos por los familiares de las dos mujeres fallecidas y por la treintena de heridos por el fuego ocasionado la noche del 29 de septiembre de 2011.

El Consejo Consultivo exculpa a la delegación del Gobierno al entender que "tanto el plan de seguridad del Ayuntamiento como la solicitud y posterior concesión de la referida autorización estaban dirigidas al espectáculo que se iba a desarrollar con explosivos de carácter lúdico. Es decir, en ningún momento se informó a la Delegación del Gobierno, ni ésta tuvo forma de conocerlo, pues nada indicaba el plan al respecto de que durante el espectáculo, además de la pirotecnia, un número indeterminado de actores, sin formación técnica al respecto, utilizarían fuego y sustancias inflamables, que no explosivas con finalidad pirotécnica, entre el público asistente al evento".

Por todo ello el Consejo Consultivo considera que "no cabe imputar responsabilidad alguna a la Administración del Estado en relación con el hecho lesivo que aquí nos ocupa".

El funcionamiento del servicio público, según el informe, ha sido "inadecuado" ya que "ha resultado acreditado que la Administración local, a la que correspondía mantener la seguridad durante el evento, no adoptó las medidas necesarias para ello puesto que no separó a los actores -que portaban antorchas- del público, no controló que dichos actores acudieran a las charlas técnicas sobre el manejo del fuego y, por ende, que estuvieran preparados para tal actuación, ni que los trajes y demás elementos que emplearon fueran ignífugos".

Los juristas concluyen que la competencia de seguridad en lugares públicos es de titularidad municipal. La Suelta del Perro Maldito se celebró en varias plazas y calles de Valsequillo, "acudiendo gran afluencia pública, calculándose la participación de alrededor de 12.000 personas", según señala el informe.

En cuanto al caso de Lucía Díaz Bravo, la joven que falleció a los 18 años en el hospital el 15 de diciembre pasado como consecuencia de las quemaduras en el 86 % de su cuerpo, el Consejo Consultivo considera que sus padres deben ser indemnizados con 337.234,20 euros, según dictamina el ponente Óscar Bosch Benítez.

Esta cantidad la valora la Administración por los gastos del sepelio, los médicos, los traslados y estancias en Madrid, a donde fue trasladada la joven para ser hospitalizada en la unidad de quemados.

El órgano instructor considera que "ha quedado suficientemente probada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño reclamado por los interesados".

En cuanto a Dolores Cano Gutiérrez, la otra mujer fallecida, el letrado Antonio Lazcano estima que sus dos hijos deben recibir una indemnización de 171.552,62 euros. La madre de los reclamantes, según reconoce, padeció gravísimas quemaduras en el 76 % de su cuerpo, por las que falleció el 5 de octubre del pasado año.