La intención del Gobierno autónomo de suprimir las oficinas comarcales de la Administración Tributaria Canaria ha encendido la alarma en el norte de Isla y especialmente en Santa María de Guía, donde se encuentran los servicios de recaudación de Agaete, Artenara, Gáldar, Moya, La Aldea, Guía, Tejeda y Mogán. A la preocupación por el posible cierre de los Juzgados y de la Oficina Estatal de Hacienda se une ahora un decreto que prepara el Ejecutivo de Paulino Rivero para reformar la Administración Tributaria y eliminar la figura de las oficinas liquidadoras comarcales, actualmente gestionadas a través de los registradores de la propiedad.

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria ha solicitado un reunión urgente con el director general de Tributos del Gobierno regional, Alberto Génova, y reclama el mantenimiento de la oficina de Guía, donde trabajan once personas y se realiza una media de 2.150 trámites mensuales. Los alcaldes de Guía, Pedro Rodríguez, y de Gáldar, Teodoro Sosa, señalaron ayer que hasta ahora solo conocen la pretensión del Ejecutivo de cambiar el modelo de gestión tributaria para sustituir a los registradores de la propiedad, pero se mostraron tajantes a la hora de exigir que la oficina del norte de Gran Canaria siga abierta.

"Desde los ayuntamientos no vamos a entrar en si el Gobierno debe gestionar ese servicio a través de los registradores de la propiedad o con sus propios funcionarios, que esa parece ser la idea, pero lo que está claro es que no podemos permitir que desaparezca la oficina de Guía porque eso supondría un grave trastorno para miles de ciudadanos", aseguró Pedro Rodríguez. Los alcaldes también reclamaron una solución para los once trabajadores de esa oficina.

En esas dependencias se realizan todos los trámites de la Comunidad Autónoma, como la Ventanilla Única, la solicitud de subvenciones, las becas, los pagos del IGIC, las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o las sucesiones y donaciones. Según datos del propio gobierno, en esa oficina se realiza cerca de un 10% de los trámites de toda la provincia de Las Palmas y el casi el 20% de Gran Canaria.

La junta de gobierno de la Mancomunidad del Norte, formada por los diez alcaldes de la comarca, mostró ayer su "sorpresa y malestar" por el informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avala el desmantelamiento de la administración de justicia en los municipios de Arucas, Santa María de Guía y Gáldar. Por unanimidad, los diez alcaldes rechazaron dicho informe y señalaron en una nota que el TSJC "ha ignorado el documento realizado por la Mancomunidad en colaboración con los operadores jurídicos y los agentes sociales, que defiende la actual estructura judicial por motivos de proximidad a la ciudadanía como derecho constitucional básico y la dinamización económica de la comarca". Tras asegurar que el mapa judicial del Norte de la isla "corre un serio peligro de desaparición" tras el aval del TSJC a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, los alcaldes anunciaron que realizarán nuevas gestiones y que hoy viernes pedirán a la Fecam un rechazo explícito al informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. J. M. N.