Ojos de Garza lleva a la Fiscalía el gasto "innecesario" de la variante de Gando

Un grupo de vecinos de Ojos de Garza, contrarios a la construcción de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria -instalación ya paralizada por el Ministerio de Fomento-, presentaron ayer ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas un escrito en el que piden al Ministerio Público que investigue, entre otras cosas, los "gastos innecesarios" realizados para desarrollar el plan que modifica el trazado de la GC-1 ante los cambios que la nueva pista de aterrizaje iba a producir en el municipio teldense.

La Asociación de Vecinos Tamarán de Gando (Avetagan), que siempre han mostrado su oposición a la construcción de la tercera pista del aeropuerto y que siempre se han negado a ser realojados, acudieron ayer a la Fiscalía para pedir que se investigase "la realización de un gasto público totalmente injustificado en el mantenimiento del desarrollo del expediente del Plan Territorial Especial del Corredor Litoral: Variante de la GC-1 Circunvalación del Parque Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto (PTE 13)", cuya aprobación inicial se publicó el 27 de agosto de 2012 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Los denunciantes defienden que desde el principio los datos de Aviación Civil indicaban "la inutilidad de desarrollar el PTE 13 por la no necesidad de trasladar la GC-1 a la altura del aeropuerto" y que se podía observar en ellos "una desviación creciente entre la realidad y las previsiones" de operaciones previstas.

En este sentido, los denunciantes encuentran su justificación última en que ha sido Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) quien ha situado la necesidad de construir la nueva pista del aeropuerto grancanario para 2025 "por las previsiones de tráfico".

Ocultación de información

Los miembros de Avetagan aseguran también en su denuncia "el ocultismo que se puede ver en la contratación con dinero público de una empresa externa para elaborar el PTE 13".

Los denunciantes exponen que "por dos veces en 2012", desde la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, se les negó "el acceso a los datos de la contratación de la UTE APIA XXI - La Roche Consultores S. L. para conocer el desarrollo ejecutado del PTE 13 y el gasto realizado".

Por todo ello, esperan que la Fiscalía investigue para que se puedan "exigir responsabilidades" a políticos, funcionarios y otras personas que hayan participado en el desarrollo del PTE 13.